El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negó que las fuerzas armadas estén actuando en contra de la población civil en Chiapas
Al mismo tiempo, AMLO aprovechó para desestimar las advertencias hechas por el EZLN respecto a que se esté gestando una “guerra civil” en la región.
Desde Tuxtla Gutiérrez, el titular del Ejecutivo, reconoció que sí ha habido enfrentamientos entre diversos grupos de la delincuencia organizada en la entidad y que la Guardia Nacional ya está desplegada en la entidad para brindar seguridad a sus habitantes.
“Sí hay cuestiones que lamentamos muchos, a veces hay enfrentamientos de grupos, pero estamos atendiéndolos, está la Guardia Nacional, y estamos buscando que se dialogue, que se llegue a acuerdos, que no haya represión y vamos avanzando”, insistió López Obrador.
Reconoció que desde el surgimiento del movimiento zapatista ha habido diferencias con sus integrantes y que eso se ha mantenido al paso de los años, sin embargo, reconoció el papel del EZLN en la historia del país.
“En general no ha habido agresiones (a grupos zapatistas) Hay algunos casos, pero no es una acción así, deliberada, una embestida, existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto grave.
Porque podemos o no estar de acuerdo con el movimiento zapatista, pero es indudable de que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza, fue un llamado de atención para voltear a ver a los pobres, a los desposeídos, a los pobres, eso no se puede regatear”, puntualizó.
Insistió en que él no dará nunca una orden a las fuerzas armadas para reprimir a la población.
Pese a los enfrentamientos entre comunidades, al reconocimiento del gobierno federal de la proliferación de grupos de la delincuencia organizada en la frontera con Guatemala, y a las bandas que siembran el terror en ciudades como San Cristóbal de las Casas, el presidente destacó que
Chiapas tiene algunos de los índices de seguridad más bajos del país.
Advirtió también que existen dirigentes de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos, “que no ven con buenos ojos” a su administración.
