El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que no descarta que se puedan reactivar las órdenes de aprehensión
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que todavía pueden ser reactivadas las 21 órdenes de aprehensión canceladas por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
En la conferencia matutina este miércoles, López Obrador detalló que esta acción ocurriría sería siempre y cuando se tengan las pruebas necesarias .
Sí, sí (se podrían reactivar), siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales. Porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso, que se actúo a partir del informe de la comisión”, dijo desde Palacio Nacional
“Entonces, los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió, a jueces, que autorizaran órdenes de aprehensión, a ese grupo”, puntualizó.
“Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25, los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo al informe, y habían personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgará o se les iniciarán procesos, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metía nada más ya no se iba actuar sobre los que estaban como responsables en el informe”, explicó.
El jefe del Ejecutivo federal mexicano detalló que todavía podrían existir más órdenes de aprehensión por a desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Claro, pero lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o qué se fugaran los que estaban señalados en el informe, incluidos los militares”, argumentó.
Sobre Rosendo Gómez Piedra, nombrado nuevo fiscal del Caso Ayotzinapa a inicios de octubre, López Obrador lo calificó como “un abogado íntegro, honesto, de primera”.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno que reconoció el 18 de agosto que fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y los da por muertos.
Pero los padres de los jóvenes desaparecidos han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas y la FGR tras cancelar 21 órdenes de arresto, de las que 16 corresponden a militares, contra funcionarios relacionados con el caso.
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CAB
