Amnistía Internacional (AI) criticó la estrategia letal de represión de la fuerza pública de Nicaragua
Amnistía Internacional (AI) criticó este martes la “estrategia letal de represión” de la fuerza pública de Nicaragua y grupos armados simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes que protestan desde hace varias semanas.
A mediados de abril, miles de personas se lanzaron a las calles de Managua y otras ciudades del país centroamericano para protestar por una polémica reforma a la seguridad social que, días más tarde, el Gobierno dijo que revisaría.
Las protestas han dejado 81 fallecidos, según AI, y los bloqueos de vías están empezando a golpear la frágil economía nicaragüense, convirtiéndose en la mayor crisis que ha tenido que enfrentar Ortega en sus 10 años como presidente.
Amnistía Internacional considera que las autoridades nicaragüenses implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de semanas de protestas de abril y mayo”, dijo la organización con sede en Londres en su informe “Disparar a matar”.
El Gobierno no sólo utilizó fuerza excesiva en el marco de la protesta, sino que posiblemente llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales con la participación de grupos parapoliciales”, agregó Amnistía en referencia a las “juventudes sandinistas”, grupos generalmente armados simpatizantes de Ortega.
El informe de 36 páginas, levantado con 30 entrevistas personales y el estudio y documentación de 16 casos, concluyó también que hubo uso excesivo de la fuerza, irregularidades en las investigaciones, denegación de atención médica e intento de control de la prensa.
Como hizo la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía conminó a Ortega a garantizar el derecho a la libertad de expresión y las protestas pacíficas, detener “inmediatamente” el uso excesivo de la fuerza e iniciar investigaciones sobre episodios violentos.
El mandatario negó los excesos días atrás.
Ortega, un exguerrillero que ganó en 2016 los comicios para un tercer mandato consecutivo hasta 2021, ha sido acusado por sus adversarios de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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