El Plan México 2030, aunque promueve crecimiento económico, desarrollo regional y soberanía nacional, contiene contradicciones que podrían profundizar la dependencia de México de capitales, tecnologías y modelos de producción extranjeros. A pesar de metas ambiciosas, como situar al país entre las 10 economías más grandes y elevar la inversión al 28% del PIB para 2030, su diseño subordina los intereses nacionales a los de actores globales, consolidando un modelo con tintes neocoloniales. Un problema central es la falta de distinción entre empresas nacionales y extranjeras en incentivos fiscales y acceso a fondos. El Decreto de Relocalización ofrece beneficios como depreciaciones aceleradas y deducciones, pero no diferencia entre empresas locales y transnacionales. Esto beneficia desproporcionadamente a corporaciones extranjeras, que tienen mayor capacidad financiera y tecnológica, mientras que las PYMES mexicanas quedan relegadas en cadenas de valor dominadas desde el exterior. Además, el umbral de facturación anual para acceder a fondos (entre 100 y 500 millones de dólares) excluye al 95% de las PYMES, limitando su capacidad para competir en un ecosistema que prioriza la eficiencia global sobre la innovación local.
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La ambigüedad en la definición de “proveedor nacional” es otra falla del plan. Aunque se estipula que el 50% de las compras gubernamentales deben destinarse a producción local, la falta de criterios claros permite que filiales de multinacionales capturen estos beneficios. Estas empresas operan con precios de transferencia y baja integración de insumos domésticos, debilitando el objetivo de fortalecer la industria nacional. Un ejemplo claro es el sector farmacéutico, donde se promete sustituir importaciones, pero proyectos clave, como la planta de vacunas mRNA, dependen de inversión y tecnología extranjera. Este modelo reduce a México a proveer mano de obra y mercado, sin retener valor agregado ni desarrollar capacidades propias, perpetuando la dependencia tecnológica y económica.
En sectores estratégicos como semiconductores, automoción y aeronáutica, el plan busca relocalizar empresas globales, pero carece de mecanismos que aseguren la transferencia de tecnología o la participación de PYMES mexicanas en contratos mayores. Por ejemplo, la planta de semiconductores en Jalisco podría replicar el modelo maquilador, con bajo valor agregado local. De igual forma, la meta de duplicar el contenido nacional en vehículos eléctricos no cuenta con medidas efectivas, priorizando la inversión extranjera sobre el desarrollo de capacidades locales. Esto limita el potencial de las PYMES y refuerza un modelo donde el crecimiento económico no se traduce en mayor soberanía tecnológica o industrial.
La cláusula de trato nacional, establecida en el TLCAN y T-MEC, agrava estos problemas al impedir distinciones entre empresas nacionales y extranjeras en beneficios fiscales y acceso a fondos. Aunque aparentemente neutral, en la práctica favorece desproporcionadamente a empresas extranjeras y PYMES vinculadas a transnacionales, que cuentan con ventajas como certificaciones internacionales, redes globales y tecnología avanzada. Esto les permite cumplir con los requisitos del plan más eficientemente que las PYMES mexicanas. Además, su integración en cadenas de valor globales les facilita capturar la mayor parte de los beneficios. En contraste, las PYMES mexicanas, sin estos recursos, quedan en desventaja, perpetuando su exclusión de mercados estratégicos y limitando su contribución al desarrollo económico.
La configuración geográfica del plan refuerza la dependencia al concentrar inversiones en corredores industriales y ejes logísticos ya establecidos, vinculados al comercio exterior. Esto perpetúa el desarrollo regional desigual, marginando a estados con economías débiles, como Guerrero o Chiapas, y agravando las disparidades. Incluso proyectos emblemáticos, como el satélite mexicano programado para 2028, dependen de componentes importados y alianzas con potencias extranjeras, evidenciando la brecha tecnológica y la falta de autonomía en sectores clave.
En el sector energético, el plan promete que el 54% de la generación eléctrica para 2030 será estatal, pero esta meta es cuestionable debido a la dependencia de inversión privada, frecuentemente extranjera, en renovables y cogeneración. Este enfoque repite errores pasados, comprometiendo la soberanía energética sin desarrollar tecnología limpia propia. La falta de una política industrial que fomente la innovación local relega a México a un mercado dependiente de tecnologías extranjeras, limitando su capacidad para liderar la transición energética y aprovechar sus recursos de manera sostenible.
El Plan México 2030 opera bajo una lógica de dependencia estructurada: atrae inversión extranjera con incentivos fiscales y mano de obra barata, sin exigir transferencia tecnológica o propiedad nacional. Aunque las PYMES se mencionan retóricamente, en la práctica son excluidas, mientras que las PYMES extranjeras vinculadas a transnacionales capturan la mayoría de los beneficios. Para evitar un crecimiento frágil y dependiente, el plan necesita una reestructuración radical que priorice capacidades endógenas, transferencia tecnológica e insumos domésticos. Esto requiere eliminar o modificar la cláusula de trato nacional, establecer criterios claros para favorecer empresas nacionales, crear fondos de innovación local y priorizar cadenas de valor con raíces mexicanas. Sin estos cambios, México en 2030 será una economía más grande, pero no más soberana ni equitativa, perpetuando un modelo que beneficia a actores globales sobre sus propias capacidades.
Por: Félix Estrada
