Organizaciones de defensa de periodistas señalan la necesidad de capacitar a funcionarios y aspirantes a cargos públicos en temas relativos a los derechos de la prensa
En estos tiempos de efervescencia política y ante los ataques sufridos a la prensa por parte de funcionarios públicos, los periodistas señalan que el poder legislativo podría declarar obligatoria la capacitación a aspirantes y funcionarios acerca de temas de los derechos de las y los periodistas.
“Es un hecho que hay un efecto en cascada en todo el país. Lo hemos visto con gobernadores, alcaldes, tanto de Morena como de la oposición, cuando le dicen a los reporteros ‘es que a ti te paga Morena’ o ‘te paga la oposición’. Es un efecto preocupante”, dijo Pedro Cárdenas, coordinador de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, de la oficina en México y Centroamérica.
La panista Ana Villagrán, presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México, reconoció que “en la política en general, —con toda la autocrítica— tenemos un déficit de valores democráticos y de entendimiento del papel de la prensa”.
“Es preocupante y hasta absurdo, que un político no sea capaz de entender que la democracia se construye con las diferencias de opiniones y que la prensa es un sector de la sociedad, profesionales de la información, pero no tienen por qué darle gusto a ningún político”, comentó.
En tanto, Pedro Cárdenas consideró que “lo que se tendría que hacer desde el poder legislativo local es generar la obligación de que funcionarios, precandidatos y candidatos estén en conocimiento mínimo de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de comunicación”.
Uno de esos estándares es que los funcionarios “deben permitir y promover un debate público amplio con divergentes opiniones, permitiendo o dejando pasar puntos que pueden ser incómodos para los funcionarios”, explicó.
La diputada Villagrán considera interesante analizar la posibilidad de reformar el código electoral de la ciudad para que los precandidatos y candidatos estén informados sobre los derechos de los periodistas, y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) brinde capacitación a quienes quieran ser candidatos, a concejal, alcalde, jefe de Gobierno o hasta senador.
“Al interior de los partidos políticos debería haber protocolos internos y, así como es obligatoria la preparación en temas de género, también reciban al menos una vez al año capacitación sobre derechos de los medios”, consideró.
En tanto, el especialista consideró que en el contexto político en el que estamos, anticipándonos a las precampañas que inician en noviembre en la Ciudad de México, el legislativo debería analizar cómo proteger a este sector de los ataques en redes sociales.
Habría que generar ciertas protecciones para los periodistas, pero con una asesoría técnica, para no vulnerar el derecho a la libre expresión”, expuso.
Villagrán asegura que “el tema de redes sociales es complicado regularlo. La cuestión sería que el IECM haga una especie de ‘llamado de atención’ —a quien atacara a un periodista en redes—, señalando que se están vulnerando derechos”.
En el Congreso local se han discutido alternativas como el Semáforo de Violencia contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que consiste en catalogar agresión tipo A, chantajes o engaños a la prensa; tipo B, a descalificar, ridiculizar u ofender; tipo C, intimidar, controlar, dañar la credibilidad o reputación, despedir por presión de terceros y destruir artículos personales, y tipo D, golpear, empujar, encerrar, aislar, encapsular, o difundir contenido falso.
Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica A.C. comentó que “el Ministerio Público está obligado a investigar —un delito contra un comunicador—, conforme al protocolo de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, aprobado en 2018”.
Uno de los elementos clave es que, al entrevistar a la víctima, el MP debe preguntar si “la víctima identifica alguna relación de la conducta delictiva con su actividad periodística, o si la víctima hizo alguna publicación o investigación en la que señalara a la persona
imputada, qué fuentes informativas cubre y sobre qué temas; existen fuentes periodísticas que deban de ser consideradas como víctimas potenciales o requieran protección”.
Mendiola y Cárdenas, coinciden en que el Congreso local podría impulsar una mayor capacitación de los ministerios públicos en la ciudad de México, para que realmente se aplique el protocolo homologado en todos los casos.
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