Los migrantes guatemaltecos querían llegar a EU y arriesgaron todo para cambiar el futuro de sus seres queridos, pero en su intento fueron asesinados
A un año de la masacre de 19 personas, 17 de ellas migrantes centroamericanos, no existe justicia para las víctimas, ni indemnización para los familiares.
La audiencia del 21 de enero, en la que 12 policías estatales, ocho de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), fueron acusados de participar en la masacre, de nueva cuenta fue aplazada.
Los 12 policías detenidos, fueron acusados por el Ministerio Público de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.
La primera estaba prevista para el 8 de diciembre, pero tres abogados de la defensa que dijeron no haber tenido acceso a todas las pruebas de la Fiscalía, pidieron más tiempo.
La nueva fecha para la audiencia intermedia es el 3 de febrero. El 22 de enero fueron localizados los cuerpos de 19 personas, en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, cerca de los límites con Nuevo León, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta, con 113 impactos de bala, dos más en la cabina de la misma y otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto.
De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, los policías persiguieron y dispararon contra las 19 personas (16 guatemaltecos, un salvadoreño) y dos mexicanos (polleros), que buscaban llegar a Estados Unidos.
Luego prendieron fuego a las dos camionetas en que se trasladaban las personas, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, recogiendo del lugar la mayoría de los casquillos que dispararon.
La Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abierta una carpeta por el delito de tráfico de personas. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió ante el embajador de Guatemala en México, Mario Bucaro a hacer justicia e indemnizar a los familiares de las víctimas.
La promesa de una compensación económica para reconstruir un proyecto de vida como medida de mitigación y reparación del daño, aún no ha llegado, según refieren algunos de los familiares de los migrantes que partieron desde Comitancillo y algunos pueblos cercanos en Guatemala, en busca de un mejor futuro para sus familias y que perdieron la vida en una brecha de Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. señala que ya es un año sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño. “
Señala que en Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cinco de las masacres ocurridas en los últimos años en México en contra de personas migrantes.
“Sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy”, alertan
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Destacan que hasta ahora no se sabe si los 12 policías estatales detenidos son los únicos culpables o si hay más servidores públicos involucrados en la masacre.
Para evitar que este caso también impere la impunidad, los defensores hicieron una serie de recomendaciones a las instancias involucradas en la investigación.
A la Fiscalía de Tamaulipas y a la FGR, solicitaron que se investigue la masacre bajo un enfoque de macrocriminalidad, que no se fraccione la investigación; a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, integrar de manera efectiva en la investigación a las víctimas e informarlas constantemente sobre los avances; a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas, que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño a favor de los familiares de las víctimas; a la CNDH, emitir una recomendación en relación con la queja CNDH/5/2021/593/Q3, a las diversas autoridades involucradas por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron; a la República de Guatemala, mantener el monitoreo de protección a derechos a sus conciudadanos, a las familias que exigen justicia y verdad, desde una visión de acceso a la justicia transnacional y de cooperación entre Estados.
“Para evitar que tragedias de esta magnitud sigan ocurriendo, es indispensable que las autoridades esclarezcan con prontitud y certeza lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia”, afirman. “Además, como una garantía de no repetición, es urgente que el Gobierno federal dé un giro a su política migratoria actual, pues ha orillado a las personas migrantes a buscar métodos y rutas más peligrosos”
En el primer aniversario de la masacre, las familias de las víctimas se reunieron en Comitancillo, Guatemala, de donde era la mayoría de estos 19 migrantes que hallaron la muerte en Tamaulipas. En ese municipio, realizaron una misa en su memoria e inauguraron un mural, con con la historia de cada una de las víctimas: la vida que dejaron en Guatemala, los sueños que perseguían en Estados Unidos… la falta de justicia con que se toparon en México.
Masacre
Los policías están acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Denuncian que la falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando (2010), las Fosas Clandestinas con los restos de 195 personas (2011), el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta (en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, 2012), la ejecución de 13 personas migrantes en Güémez (2014) y ahora Camargo.
El hallazgo de los cuerpos fue hecho por policías estatales el 23 de enero de 2021, estaban en una Chevrolet Silverado y una Toyota Sequoya, que habían recibido 113 impactos de bala. Los hechos habrían ocurrido un día antes, según lo manifestado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Días después, el 2 de febrero, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que habían detenido a 12 policías estatales; 10 de ellos exintegrantes del grupo especial denominado Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), grupo vinculado a asesinatos de civiles en 2019 y 2020, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
Después de una lucha jurídica, la Fundación para la Justicia (FJEDD) y otras organizaciones lograron que la Unidad de Migrantes de la FGR abriera una investigación sobre hechos de su competencia en marzo de ese año.
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CAB
