Aprueban que la Segob comparta la base de datos biométricos de los mexicanos con las instituciones que lo necesiten.
Aunque no se ha concretado la desaparición de los órganos autónomos, el Senado aprobó la creación de una secretaría de Estado, una Agencia y la ampliación de facultades de otras secretarías para que asuman las funciones del Inai, Cofece y el IFT.
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Con una votación diferenciada, el pleno del Senado también avaló que el Consejo Nacional de Población, que es parte de la Secretaría de Gobernación, comparta la base de datos biométricos de todos los mexicanos con las instituciones competentes que los requieran.
La Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de “formular y conducir la política de población e interculturalidad, operar la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población, por conducto de la unidad administrativa que determine su reglamento interior, y el servicio nacional de identificación personal, así como compartir la información de dicho sistema con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, dice la reforma.
Primero, con el voto unánime de 119 legisladores de todas las fuerzas políticas, el pleno del Senado aprobó el nacimiento de las secretarías de la Mujer y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; así como el fortalecimiento de facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De igual manera, nuevas disposiciones para las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Energía, Economía, Agricultura, Infraestructura, Educación Pública, Salud, Desarrollo Agrario, Cultura y Turismo.
Las garantías en el régimen transitorio para que las funciones del Instituto Nacional de las Mujeres pasen a la nueva Secretaría de las Mujeres, y del actual Conacyt a la Secretaría de Ciencia; la garantía de que los derechos laborales de todos los trabajadores serán respetados y que los Centros Conacyt pasan, íntegros, a la Secretaría de Ciencia.
Pero después, con el voto de 82 senadores oficialistas y el rechazo de 39 opositores, el pleno aprobó la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que absorberán las funciones que hoy la Constitución todavía le asigna al Inai y al IFT.
La oposición argumentó que no es correcta la desaparición de las funciones de los órganos autónomos y que sean ahora parte del Ejecutivo federal, porque precisamente rompen la dinámica que se necesita de imparcilidad, pues el Ejecutivo no puede ser juez y parte en la regulación del sector de telecomunicaciones ni puede avalarse a sí mismo si cumple o no con las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y entrega de información requerida por los ciudadanos.
A algunos morenistas les molestó que la oposición tuviera la oportunidad de “mostrarse buena ondita” al apoyar secretarías como de las mujeres y de ciencia, pero rechazar parte importante de la transformación de las instituciones de la administración pública federal, como expresó Manuel Huerta.
AVANZA EN COMISIONES LA PRISIÓN OFICIOSA
Comprar, vender, transportar, distribuir, preparar, importar, exportar de forma ilegal drogas sintéticas como anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, mandrax, benzodiacepinas, fentanilo y derivados se convirtieron en delitos al que no aplica la presunción de inocencia, pues entraron al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Ayer, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron con 22 votos en favor y 10 en contra la reforma que agrega al artículo 19 constitucional como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a “extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados”.
De igual manera, los delitos graves que determine la ley contra “la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando, y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley”.
Añade que “para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia”.
-Leticia Robles de la Rosa
Con información de Excelsior
