Se les acusa por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas informáticos del Registro Civil.
Arrestan a personal del Registro Civil de Tzimol por emitir actas apócrifas. Tres trabajadores del Registro Civil del municipio de Tzimol, Chiapas, fueron detenidos por presuntamente expedir actas de nacimiento a personas extranjeras que ingresaron al país de manera irregular.
De acuerdo con las investigaciones, los empleados cobraban cierta cantidad de dinero a cambio de “vender” las actas. Entre los casos detectados se encuentra la expedición de un documento a un ciudadano de origen iraquí. Tzimol se localiza en la región fronteriza de Comitán, una zona con alto tránsito de migrantes provenientes de Centroamérica.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los detenidos fueron identificados como Artemio, Juan y Jorge “N”. Se les acusa por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas informáticos del Registro Civil.
En México, la compra, venta o uso de documentos falsos está tipificada como delito en el Código Penal Federal y puede acarrear sanciones severas, como penas de prisión y multas económicas.
La ley busca salvaguardar la autenticidad de los documentos oficiales y privados, ya que su falsificación daña la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. El Artículo 243 del Código Penal Federal establece que falsificar documentos públicos o privados, así como distribuirlos o venderlos, se castiga con penas de cuatro a ocho años de cárcel y multas de 200 a 360 días de salario mínimo.
Se considera falsificación tanto la elaboración de documentos falsos como la modificación de documentos auténticos. Las sanciones aplican a quienes los producen, los comercializan o facilitan su circulación.
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Por su parte, el Artículo 244 señala que quien utilice documentos falsos como si fueran auténticos puede recibir de tres a seis años de prisión, además de sanciones económicas. Esto incluye el uso de identificaciones apócrifas, certificados escolares falsos, licencias alteradas o cualquier documento oficial manipulado.
Si los documentos se emplean para obtener beneficios económicos o engañar a una autoridad, las penas pueden aumentar.
En los últimos años, las autoridades han detectado redes dedicadas a la venta de documentos falsificados como credenciales de elector, pasaportes y títulos profesionales. Estos casos son investigados por la Fiscalía General de la República y por las fiscalías estatales, que pueden iniciar procesos tanto contra quienes los elaboran como contra quienes los utilizan.
