Estos hechos podrían constituir delitos como fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso de documentos falsos.
Autoridades de Veracruz profundizan indagatorias por fraudes inmobiliarios y auditarán notarías. El Gobierno de Veracruz, en coordinación con el Poder Judicial, mantiene abiertas diversas líneas de investigación sobre una presunta red de fraudes y despojos de inmuebles que habría operado durante varios años en distintas zonas del estado, principalmente en municipios como Xalapa, Perote y San Rafael.
Las autoridades estatales reiteraron que no se brindará protección a ningún servidor público o particular que resulte implicado y aseguraron que los casos se llevarán hasta las últimas consecuencias.
Según información de la Secretaría de Gobierno, no se trata de un “cártel” en el sentido tradicional del crimen organizado, sino de un entramado de personas integrado por notarios, personal del Registro Público de la Propiedad, abogados y particulares, quienes presuntamente se valieron de vacíos legales y posibles complicidades institucionales para despojar a ciudadanos de sus propiedades.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que esta estructura operaba desde hace tiempo, pero afirmó que fue detenida de manera contundente durante la actual administración.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran el uso indebido de sellos oficiales, la inscripción anómala de contratos privados para facilitar despojos, la agilización de trámites a cambio de pagos extraoficiales y la intervención de supuestos abogados que se enfocaban principalmente en personas adultas mayores.
Con base en la legislación vigente en Veracruz, estos hechos podrían constituir delitos como fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso de documentos falsos, previstos en el Código Penal estatal, los cuales contemplan penas de prisión y sanciones económicas, especialmente cuando existe participación de servidores públicos o afectaciones patrimoniales reiteradas.
Asimismo, la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz otorga al Ejecutivo, a través de la Dirección General del Registro Público y de Inspección y Archivo General de Notarías, la facultad de realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias a notarías cuando se detecten posibles irregularidades, con la posibilidad de imponer suspensiones temporales o incluso revocar patentes notariales.
Las autoridades señalaron que estas atribuciones son una herramienta clave para documentar y frenar esquemas de despojo inmobiliario, particularmente en casos que afectan a personas adultas mayores, consideradas un grupo de atención prioritaria conforme a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
