La parte acusadora pide que sea condenado a decapitación y sometido a la “crucifixión”, es decir, exponer su cuerpo tras el degollamiento
Murtaja Qureiris es un joven chiíta que a la edad de 10 años participó en una marcha en la que alzó su voz con un megáfono y dijo: “El pueblo reclama derechos humanos”, y por lo que hoy podría enfrentar la pena máxima.
Por aquel episodio, ocurrido en el año 2011, fue detenido tres años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea sometido a la crucifixión pública y la desmembración.
En el año 2011, en Arabia Saudita tuvieron lugar numerosas manifestaciones por parte de la minoría chiíta que disentía del gobierno del príncipe heredero Mohamed bin Salman, lo que fue conocido como “la primavera árabe”.
El hermano mayor de Murtaja, Ali, falleció en una de estas marchas y desde entonces cientos de chiítas fueron perseguidos por la monarquía.
“Murtaja es sin duda la víctima más joven de un sistema judicial saudí que descaradamente incumple la legislación internacional”.
Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí, con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión”, reconoció Maya Foa, directora de la organización británica Reprieve.
Amnistía Internacional y diversas organizaciones no gubernamentales señalan este caso como uno de muchos que han ocurrido en el gobierno de bin Salman; en donde encarcelan, torturan y ejecutan a quienes exigen mejoras en su calidad de vida.
Al joven Murtaja, quien ahora tiene 18 años, lo arrestaron en septiembre del 2014 sin presentar causas, lo confinaron en una prisión de adultos y fue hasta mayo del 2017 que la fiscalía presentó cargos de manera oficial.
Después de años encarcelado sin llevar el debido proceso, las autoridades sauditas torturaron al joven hasta conseguir la confesión de los delitos imputados, en donde resaltan participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano, estar en posesión de armas de fuego, arrojar cócteles molotov contra una comisaría, y enrolarse en una organización terrorista.
La parte acusadora pide que sea condenado a decapitación y sometido a la “crucifixión“, un término utilizado por los tribunales locales para referirse a la exposición pública del cuerpo tras el degollamiento.
Cabe señalar que el régimen saudí ya ha ultimado al menos a seis civiles que fueron arrestados durante su adolescencia por causas similares a la del joven Qureiris.
Contenido relacionado
