Los damnificados deberán de realizar el estudio socioeconómico que marca Ley para Reconstrucción, sin que se les condicione el acceso a los recursos
La mañana de este sábado fue levantado el campamento que los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre, mantenían sobre Avenida de los Insurgentes y Xola.
Tras 14 horas de bloqueo, y luego de haber negociado por 10 horas con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, integrantes de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, firmaron un acuerdo mediante el cual sus inmuebles serán incorporados en la próxima sesión de la Comisión de Reconstrucción al Fideicomiso Público para poder llevar a cabo la reconstrucción y rehabilitación de sus viviendas.
La sesión, contemplada para celebrarse el miércoles 4 de julio, permitirá que los afectados por el sismo puedan acceder a los recursos económicos del fideicomiso a fin de lograr un apoyo en su vivienda.
En la declaratoria de compromisos, que fue firmada por el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco y el comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüi, se establece que el costo total de la reconstrucción y rehabilitación de las edificaciones de este grupo, será con cargo al Fideicomiso, además de que en que, en caso necesario, la Comisión para la Reconstrucción autorizará los recursos suficientes para garantizar la cobertura total de las obras.
Lo anterior, aún y cuando los expedientes de los inmuebles se encuentran en etapa de integración para cubrir los requisitos que la Ley para la Reconstrucción y los lineamientos estipulan para el ingreso al Fideicomiso.
No obstante, para cumplir con el trámite referido, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, gestionará ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, los dictámenes de los 50 inmuebles presentados por Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, los cuales deberán de estar terminados a más tardar el 13 de julio del presente año.
Además de que los inmuebles deberán de ser dados de alta en la Plataforma CDMX a más tardar el 20 de julio, fecha en que deberán de estar agotados los trámites de las solicitudes de modificación de estado presentadas con anterioridad.
El comienzo de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del hogar de quienes se agrupan en Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, será en un periodo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que se cuenten con los proyectos ejecutivos correspondientes.
El compromiso marcado con el número cuatro, indica que el comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí tendrá reuniones de trabajo, cada diez días naturales, con los propietarios de los inmuebles afectados a efecto de revisar la documentación requerida y realizar la integración de los expedientes respectivos.
Los damnificados deberán de realizar el estudio socioeconómico que marca Ley para Reconstrucción, en el entendido que éste -en ningún caso-condicionará el acceso a los recursos.
El texto refiere que antes del día 15 se llevará a cabo una reunión a la que serán convocados, el contralor general de la CDMX, Eduardo Rovelo y la secretaria de Finanzas, Julieta González, para que se revisen los mecanismos de participación ciudadana en aras de que haya transparencia, rendición de cuentas, control y vigilancia social.
Serán las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del Registro Público de la Propiedad, así como de la Procuraduría Social, las que auxilien y apoyen a los Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc con el fin de que los procedimientos se realicen debidamente.
Con información de Excélsior
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