Se detectaron mil 156 millones de pesos en ingresos adicionales cuya aplicación no ha sido aclarada.
Baja California Sur vuelve a endeudarse; detectan irregularidades por más de 3 mil millones de pesos. Por cuarto año consecutivo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, recurrirá a un nuevo crédito para cubrir los compromisos de fin de año, como el pago de sueldos, aguinaldos y prestaciones de trabajadores sindicalizados y de confianza. El monto del préstamo, que podría superar los 550 millones de pesos, refleja la falta de liquidez y planeación financiera en la administración estatal.
La decisión se da en medio de cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS), la revisión de la Cuenta Pública 2023 reveló irregularidades por más de 229 millones de pesos sin comprobar, lo que representa más de una tercera parte del presupuesto auditado al Ejecutivo estatal. Además, se detectaron mil 156 millones de pesos en ingresos adicionales cuya aplicación no ha sido aclarada, debido a la ausencia de documentación por parte de la Secretaría de Finanzas.
A nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también observó inconsistencias: el gobierno estatal no ha podido justificar el uso de mil 698 millones de pesos provenientes de participaciones federales, recursos que debieron destinarse a programas sociales y obras públicas.
En conjunto, las observaciones de ambas auditorías evidencian una grave falta de transparencia y rendición de cuentas, justo cuando el gobierno estatal vuelve a endeudarse para cumplir con obligaciones básicas. Desde el inicio de su mandato, Castro Cosío ha recurrido cada diciembre a créditos “temporales”, sin que las finanzas del estado muestren señales de estabilidad o sostenibilidad.
El propio mandatario reconoció la necesidad de solicitar un nuevo préstamo, argumentando que sin apoyo bancario sería “imposible” cumplir con los compromisos laborales. Se prevé que la Secretaría de Finanzas y Administración licite un crédito por hasta 700 millones de pesos, destinado parcialmente a cubrir pagos de este año, financiar algunas obras públicas y liquidarse en un plazo máximo de 12 meses.
Sin embargo, al tratarse de un préstamo de corto plazo, no requiere aprobación del Congreso local, lo que genera preocupaciones por la falta de control y vigilancia sobre el uso de los recursos.
A pesar de que el gobernador insiste en que las finanzas están bajo control, la situación revela un patrón constante: más deuda, menos margen financiero y ausencia de planeación. La promesa de un gobierno austero contrasta con una administración que, cuatro años después, sigue dependiendo del endeudamiento para solventar sus gastos más básicos.
