Con esta iniciativa el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos
La fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para revertir cualquiera proceso encaminado a la privatización del servicio de agua potable.
“Este tipo de normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz. Por eso se propone dejar claras las bases para una gestión pública del agua que impida los procesos de privatización’’, precisó la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La propuesta presentada por Martí Batres argumenta que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir investigaciones independientes de todo tipo para monitorear su calidad y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho.
La iniciativa establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente o a través de la comisión.
El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos. La gestión del líquido será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura y la prestación de los servicios asociados a ésta.
Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable.
Expuso que en el año 2015, la mayoría de extracción priista intentó aprobar una Ley General de Aguas que pretendía ampliar los procesos de privatización, que omitía por completo el derecho al saneamiento, permitía contaminar ríos con químicos, siempre y cuando no se rebasara la “capacidad de asimilación” y limitaba el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua.
Con información de Excélsior
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