El pasado 19 de julio, López Obrador afirmó martes que se investiga al Gómez Fierro por otorgar un amparo
La Barra de Abogados de la ciudad de Nueva York condenó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que su Gobierno que se investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro por otorgar un amparo contra la multa que debía pagar la energética española Iberdrola.
En un comunicado dado a conocer este lunes, dicho organismo apuntó que estos actos del Gobierno de López Obrador interfieren con la independencia del Poder Judicial en nuestro país.
La Barra de Abogados de la ciudad de Nueva York se opone a cualquier acción o declaración del presidente López Obrador o sus partidarios que interfieran indebidamente con la independencia del Poder Judicial en México”, dijo.
Apuntó que este tipo de actos contravienen varios principios y normas fundamentales del derecho internacional, tales como los Principios Básicos de las Naciones Unidas, los cuales establecen que “todas las instituciones gubernamentales y de otro tipo tienen el deber de respetar y observar la independencia del Poder Judicial”.
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Dichos principios también detallan que los tribunales puedan decidir “los asuntos que se les someten de manera imparcial, sobre sobre la base de hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones, influencias indebidas, incentivos, presiones, amenazas o injerencias, directas o indirectas, de cualquier parte o por cualquier motivo”.
La Barra de Abogados de la ciudad de Nueva York instó al Gobierno de México y a todos sus funcionarios a respetar la independencia judicial de manera consistente con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México.
Críticas
El pasado 19 de julio, López Obrador afirmó martes que se investiga al Gómez Fierro por otorgar un amparo contra la multa que debía pagar la energética española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por nueve mil 145 millones de pesos.
“Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de (casi) 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”, apuntó en su rueda de prensa matutina.
Sin presentar pruebas, avisó que si logra determinar que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos su Gobierno va “a proceder legalmente”.
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