Candidatos judiciales con nexos criminales podrían generar repercusiones legales en EE.UU. y afectar la relación bilateral, advierte Defensorxs
La presencia de aspirantes al Poder Judicial presuntamente ligados a grupos del crimen organizado ha encendido alertas tanto en el ámbito nacional como internacional. La organización civil Defensorxs ha advertido que, de comprobarse estos vínculos, Estados Unidos podría tomar medidas legales no solo contra los involucrados directos, sino también contra autoridades y organismos que permitieron su postulación.
Miguel Alfonso Meza y Roberto Gil Zuarth, integrantes de Defensorxs, dieron a conocer que existen al menos 12 aspirantes con carpetas de investigación activas por delitos que los vinculan con redes criminales, varias de ellas consideradas por el gobierno estadounidense como organizaciones terroristas. Esta situación coloca a México en una posible ruta de confrontación con su principal socio comercial.
“Resulta que Fernández Noroña dice que al menos tiene ubicados a veinte candidatos vinculados con el crimen organizado; nosotros tenemos doce que tienen carpetas de investigación activas. No son los que han participado en algún escándalo sexual, de atropellamiento; son doce que tienen carpetas de investigación”, expresó Gil Zuarth.
La preocupación de la organización no se limita al proceso interno, sino que incluye la posibilidad de que Washington aplique sanciones o acciones legales contra cualquier actor que haya tenido conocimiento de estas postulaciones sin intervenir para detenerlas.
“De alguna parte Fernández Noroña obtuvo la información que ahora hace pública; lo supo. Tiene el conocimiento y si lo tiene, según ese estatuto legal, debió tomar las medidas a su alcance para evitar que se consume el riesgo, es decir, que los terroristas puedan tener algún beneficio y entonces la única manera de eludir la responsabilidad es demostrar una cosa que se llama buena fe, lo cual atenuaría la responsabilidad, pero son responsables”, señaló Gil, exsubsecretario de Gobernación.
Por su parte, Meza adelantó que presentarán formalmente evidencias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la cancelación de las candidaturas judiciales en cuestión. “El INE acordó abrir un periodo de presentación de pruebas de los candidatos que presumiblemente están relacionados con el crimen organizado y vamos a presentar las pruebas”, dijo.
Hasta el momento, Defensorxs tiene identificadas 11 postulaciones consideradas de “alto riesgo” y otras dos en observación, aunque no descartan que la cifra aumente conforme avancen sus indagatorias.
Entre los nombres señalados se encuentran Jesús Humberto Padilla Briones, quien busca un cargo en Nuevo León y fue previamente sentenciado por posesión de armas y drogas; Fernando Escamilla Villarreal, también en el mismo estado, con dos sentencias por portación de armas y vinculación con el narcotráfico; y Edgar Agustín Rodríguez Beiza, aspirante a magistrado en Jalisco, con denuncias por acoso y abuso sexual.
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Otro caso es el de Francisco Martín Hernández Zaragoza, también de Jalisco, acusado de lavado de dinero, corrupción y violencia sexual. Todos figuran en la lista elaborada por Defensorxs, la cual será entregada a las autoridades correspondientes.
La preocupación de la organización se centra también en las posibles implicaciones internacionales. Gil Zuarth subrayó que el “arco de la responsabilidad” que Estados Unidos podría activar ante estos casos no se limita a los candidatos: puede alcanzar al Legislativo, el Ejecutivo, órganos autónomos y dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera o el SAT.
“Por lo menos por un acto de prudencia, para que no estemos en la densidad de los aranceles, por lo menos deberían suspender la elección de los jueces penales, que es un universo de 881 puestos, que representa algo así como el 30% de los cargos de la elección; la materia penal es la que tiene más cargos en disputa”, urgió Gil Zuarth.
Finalmente, los voceros de Defensorxs criticaron que los comités encargados de evaluar a los candidatos fueran disueltos una vez entregadas las listas, lo que consideran una maniobra para evitar la fiscalización pública y obstaculizar el acceso a la información.
La elección judicial del 1 de julio de 2025, inédita en el país, se encuentra así en un escenario delicado donde la legitimidad de los procesos y la estabilidad diplomática están en juego.
