Los 12 centros de reinserción social y el centro para adolescentes presentan falta de personal, sobrepoblación constante.
Cárceles de Hidalgo: crisis persistente detrás del discurso oficial. El panorama que se vive al interior de los centros penitenciarios de Hidalgo contrasta de manera contundente con el discurso oficial del gobierno encabezado por Julio Ramón Menchaca Salazar. La situación real, documentada en el Informe Anual de Centros de Reinserción Social y de Internamiento para Adolescentes 2025, confirma una problemática arrastrada por años: la reinserción social continúa siendo una meta lejana ante un sistema marcado por carencias, improvisación y abandono institucional.
El informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo expone un sistema penitenciario rebasado, con deficiencias que se repiten sexenio tras sexenio. Los 12 centros de reinserción social y el centro para adolescentes presentan falta de personal, sobrepoblación constante, servicios médicos insuficientes, instalaciones deterioradas y una gobernabilidad interna frágil, incapaz de garantizar condiciones básicas de dignidad.
Este rezago también se refleja a nivel nacional. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, Hidalgo obtuvo una calificación promedio de 5.79, ubicándose entre los estados con peor desempeño. Los penales de Jacala, Ixmiquilpan, Huichapan y Molango figuran entre los más rezagados, con observaciones reiteradas sobre deficiencias en salud, mala separación entre hombres y mujeres, ausencia de mecanismos efectivos de protección a derechos humanos y procedimientos disciplinarios inadecuados.
La sobrepoblación agrava el escenario. El penal de Pachuca concentra a más de dos mil 500 personas privadas de la libertad, además de cientos de mujeres en el área femenil. Otros centros como Tula, Tulancingo, la Huasteca Hidalguense, Actopan, Ixmiquilpan y Molango también registran cifras que superan su capacidad instalada. El Centro de Internamiento para Adolescentes alberga a 18 menores. Estas cifras saturan las instalaciones y elevan los riesgos de violencia y deterioro en la convivencia.
La propia Comisión de Derechos Humanos advierte que el hacinamiento impacta de manera directa en la salud física y mental de las personas internas, fomenta la agresividad, el aislamiento y rompe el tejido social al interior de los penales. Pese a ello, el problema persiste sin soluciones estructurales.
El informe señala además que gran parte del presupuesto se destina únicamente a cubrir necesidades básicas, lo que limita la inversión en infraestructura, ampliación de espacios y fortalecimiento de programas de reinserción. A esto se suma que muchos centros fueron diseñados sin criterios técnicos adecuados, lo que dificulta el control interno, la seguridad y la correcta aplicación de programas de rehabilitación.
Las cifras oficiales confirman un crecimiento constante de la población penitenciaria: de poco más de cinco mil personas en 2024 se pasó a casi cinco mil 700 en septiembre de 2025, sin que este aumento fuera acompañado de más custodios, personal médico o mejoras en infraestructura. El resultado ha sido mayor tensión interna y un riesgo creciente de conflictos.
En materia de salud, la situación es especialmente grave. En varios centros no hay personal médico permanente ni atención especializada para mujeres, a pesar de la presencia de embarazos, menores que viven con sus madres y enfermedades crónicas sin seguimiento adecuado. La atención depende de instituciones externas, lo que retrasa diagnósticos y mantiene a la población penitenciaria en constante vulnerabilidad.
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La escasez de custodios deriva en jornadas extenuantes, capacitación insuficiente y ausencia de protocolos claros. Incluso se documenta la existencia de áreas de castigo cerradas con candado y sin supervisión, prácticas que contravienen los estándares mínimos en derechos humanos.
Aunque el informe reconoce algunas mejoras aisladas, como trabajos de mantenimiento menor, estas resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis. En los hechos, el documento desmantela la narrativa oficial de transformación y revela un sistema penitenciario colapsado, con recursos limitados y una deuda histórica con miles de personas privadas de la libertad.
Bajo la actual administración estatal, las cárceles de Hidalgo siguen siendo espacios donde la reinserción social es más un lema que una política pública efectiva, y donde la falta de decisiones de fondo mantiene una crisis que, hasta ahora, no ha sido atendida de manera integral.
