En agosto de 2021, la matrícula de la universidad superaba los 10 mil estudiantes, pero por el conflicto ahora apenas rebasa los 8 mil alumnos
Al menos 293 profesores y trabajadores administrativos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) exigieron al gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, que deje de interferir en el cumplimiento de resoluciones judiciales que ordenan la liberación del campus universitario, el cual fue tomado por policías estatales hace siete meses.
En una carta pública difundida por los firmantes, los trabajadores pidieron a Barbosa que se limite al ejercicio de sus capacidades constitucionales que lo obligan a respetar el Estado de Derecho.
“Exigimos, pues, que se comporte como funcionario del Estado mexicano y como autoridad electa democráticamente”, precisa la carta.
Los firmantes afirman que hay resoluciones judiciales del Tercer Tribunal de Distrito y el exhorto emitido por el Juez 24 Civil de la Ciudad de México que ordenan la restitución del campus al patronato de la universidad encabezado por Margarita Jenkins de Landa y a la administración de Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la UDLAP.
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El 29 de junio de 2021, la universidad fue tomada por policías como parte de medidas cautelares promovidas por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno estatal.
El argumento de la intervención fue un presunto desfalco de 720 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins, de la que formó parte la UDLAP.
A raíz del conflicto surgió un nuevo patronato en la escuela que designó como rector al exsenador y amigo de Barbosa, el guerrerense Armando Ríos Piter.
Hoy, los 293 maestros y trabajadores administrativos desconocieron al nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña y a Ríos Piter como rector.
“Responsabilizamos al patronato espurio, a Ríos Piter y a la Junta del deterioro o pérdida de las instalaciones y equipos que se encuentran en el campus, así como de cualquier faltante en laboratorios, la colección de arte, las oficinas de las y los trabajadores académicos y administrativos, sus materiales de trabajo, así como documentaciones y artículos personales que se encontraban en las distintas áreas de la institución previo a la toma del campus”, destaca la carta dirigida a la sociedad.
En agosto de 2021, la matrícula de la universidad superaba los 10 mil estudiantes, pero por el conflicto ahora apenas rebasa los 8 mil alumnos, de los cuales 80% cuenta con algún tipo de beca.
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CAB
