La crisis política surgió hace una semana cuando Evo Morales se reeligió, en las calles han surgido enfrentamientos que han dejado muertos y un centenar de heridos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “uso desproporcionado” de la fuerza de la Policía y el Ejército bolivianos en los enfrentamientos en Cochabamba, que dejaron al menos cinco cocaleros muertos por heridas de bala, 34 heridos y más de un centenar de detenidos.
“CIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba (…) Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, publicó el organismo internacional en un hilo de Twitter.
La @CIDH condena el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba, #Bolivia y recuerda al Estado su obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente (2/6) pic.twitter.com/qPQO9olyCs
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Además la CIDH publicó un vídeo y algunas fotografías que muestran a las cinco víctimas que yacen sobre una frazada en el piso.
El Estado tiene la “obligación” de “asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente”, subrayó el organismo, al tiempo que expresó su preocupación por las actuaciones de las Fuerzas Armadas en las operaciones policiales que se han llevado a cabo desde principios de esta semana.
“Los estándares interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de los disturbios internos”, puntualizó la CIDH.
“El uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en Bolivia atenta gravemente a los estándares jurídicos internacionales”. “El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica”, subrayó.
Los cocaleros pretendían manifestar su rechazo al gobierno de Jeanine Áñez, quien se proclamó presidenta de Bolivia el pasado martes, y respaldar a Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre y decidió asilarse en México, en medio de acusaciones de fraude en los comicios del 20 de octubre.
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