La CNDH detectó deficiencias en los servicios de salud y en las condiciones higiénicas; así como insuficiente personal de custodia
El Gobierno de México cerró este domingo la cárcel federal número 9 Norte de la fronteriza Ciudad Juárez (Chihuahua), en la que estuvo encarcelado el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.
“Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte”, anunció en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México.
Tras el cierre, la dependencia estableció que todos los reclusos de dicho penal sean “trasladados a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.
También serán “reubicados en otros centros penitenciarios federales” los trabajadores de la cárcel; cuyos derechos laborales “serán respetados conforme a la ley”, aseguró el Gobierno.
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Ante el cierre sorpresivo de la cárcel, que funcionaba como prisión federal desde 2011, varias familias de reclusos se concentraron a las puertas del recinto para exigir conocer su nuevo paradero.
Se trató del último centro penitenciario mexicano que pisó El Chapo antes de se le extraditara en enero de 2017 a Estados Unidos.
Malas condiciones
Según el informe penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cárcel federal de Ciudad Juárez tenía en 2019 una población de 541 reclusos de una capacidad para mil 216 presos.
La prisión obtuvo una calificación de 7.42 puntos; ocupando el lugar número 12 de los 17 penales federales de México, de acuerdo con el organismo de defensa de los derechos humanos.
En este sentido, la CNDH detectó deficiencias en los servicios de salud y en las condiciones higiénicas del penal; así como insuficiente personal de custodia y una falta de actividades educativas, deportivas y de prevención de adicciones; también deficiente atención a personal LGBT e insuficientes programas para prevención de adicciones.
En el acuerdo sobre el cierre del penal, el Gobierno señaló que “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte”.
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CAB
