La CNDH emitió varias recomendaciones al director General del IMSS luego del fallecimiento de dos pacientes por negligencia médica en Nuevo Laredo y en Celaya.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las Recomendaciones 64/2019 y 65/2019, dirigidas al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, por los fallecimientos de dos pacientes debido a una inadecuada atención médica en hospitales de la institución en Nuevo Laredo y en Celaya.
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Uno de los casos ocurrió a partir del 3 de octubre de 2017, cuando la madre de la víctima y su hijo de 26 años acudieron a la Unidad Médica Familiar 76, en Tamaulipas, por dolores en la columna vertebral, espalda y pies, tras una caerse de un metro de altura en su centro de trabajo.
Un médico le aplicó dos inyecciones sin informar del medicamento suministrado. Al día siguiente, el joven estaba en el piso, gritando por los dolores y no podía caminar.
De acuerdo con el escrito de queja de la madre, el joven fue trasladado en ambulancia al Hospital General Zona 11, donde una hora después fue ingresado a urgencias sin que el personal médico tomara sus datos.
Le pusieron suero y oxígeno. No sentía las manos, por lo que pedí ayuda a dos doctores pero no me hicieron caso, después le revisaron el “nivel de azúcar”.
Madre de la víctima.
El paciente habló con su padre alrededor de 25 minutos. Al salir del cuarto se dieron cuenta que un médico presionaba el pecho del enfermo y le daban primeros auxilios, después fueron informados que su hijo perdió la vida por un infarto.
Personal de la funeraria se llevó el cuerpo y cuando lo entregaron a sus padres se veía “muy inflado y arrojando líquido y sangre por oídos y nariz”, por lo que un familiar presentó denuncia ante el Agente del Ministerio Público y personal de la Procuraduría Estatal acudió a la funeraria por el cuerpo del fallecido.
Esta comisión determinó que su fallecimiento fue consecuencia de una inadecuada atención médica, por omisiones en el interrogatorio, valoración, diagnóstico, monitoreo de signos vitales, incluida la presión arterial.
El joven falleció debido a que presentaba potasio bajo en la sangre y no se suministró su reposición, lo que provocó el infarto, informo el organismo.
Celaya, Guanajuato
El 21 de diciembre de 2018, la CNDH conoció un caso ocurrido en Celaya.
La madre de la víctima interpuso una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ya que su hija se presentó el 9 de diciembre de 2017 en la Unidad de Medicina Familiar número 49 con fuerte dolor abdominal, donde le recetaron ‘Sulindaco’, un antiinflamatorio.
En una segunda visita, el 17 de enero de 2018, le dieron “Diclofenaco”.
La madre relató que al no disminuir el dolor, una semana después acudió al área de urgencias del Hospital General de Zona 4 donde solicitó la realización de un ultrasonido que le fue negado.
Un médico le diagnosticó “quiste ovárico” y recetó ‘Brupracil’.
La enviaron a su domicilio indicándole que su situación no era de gravedad y que debía acudir con su médico familiar.
Un día después acudió de nuevo a urgencias hospital donde fue hospitalizada.
Al día siguiente cuando se dirigía al sanitario ‘perdió la fuerza’.
Le hicieron una radiografía de abdomen y al revisar los resultados indicaron que la paciente no tenía nada..
A las 16:00 horas del mismo día fue intervenida por apendicitis.
Su madre pidió ayuda a una enfermera ya que su hija respiraba con dificultad.
Le aplicaron una inyección que le ocasionó una reacción porque dejó de hablar y le dificultó más la respiración.
El jefe de cirugía del hospital dijo que su hija estaba muy grave y presentaba índices altos de “azúcar en sangre” por lo que le aplicarían “10” de insulina rápida y le darían “reanimación”.
A las 10:30 horas le informaron que perdió la vida.
Sin embargo, su hermano observó que las sábanas que quitaron de la cama donde falleció estaban empapadas de sangre, pese a que las heridas de la cirugía se encontraban cerradas.
Intervención de la CNDH
CNDH solicitó el expediente clínico de la víctima, pero el encargado de la dirección del HGZ-4 dijo que el documento fue sustraído del hospital, junto con el certificado de defunción.
La CNDH acreditó violaciones al Derecho de acceso a la información en materia de salud y a la verdad ya que no se podrán establecer responsabilidades y conocer las razones del fallecimiento de la víctima.
Esto debido a que las personas servidoras públicas adscritas al HGZ-4 del IMSS no garantizaron la conservación de su expediente clínico.
La CNDH recomendó al director general del IMSS la reparación integral a los respectivos familiares de los agraviados, incluida la compensación y atención médica, psicológica y tanatológica, y que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
También, recomendó capacitar al personal médico de esos hospitales en materia de derechos humanos.
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