La Cofece abundó que vigilará los actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que “declara de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno federal, podría generar riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.
La Cofece alertó que el acuerdo presidencial podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos.
La Comisión destaca el hecho de que, conforme al acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación.
“En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, afirmó la Cofece.
”Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, explicó Cofece.
La Cofece abundó que vigilará los actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.
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Este martes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó la publicación del acuerdo del presidente López Obrador, al considerar que evade diversas normas constitucionales y legales que tienen como objetivo “proteger los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos”, entre otros.
“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, señaló el CCE.
El Consejo denunció que el acuerdo presidencial declara de seguridad nacional proyectos de infraestructura prioritarios y/o estratégicos, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva dicho régimen excepcional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen.
“La Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”, expone el documento.
El presidente López Obrador declaró el 22 de noviembre como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura y las obras de su administración que estén asociados a infraestructura de diversos sectores.
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los proyectos y obras del gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
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