Contempla penas de 6 a 17 años de prisión a quien difunda imágenes explícitas de cadáveres sin el consentimiento de los deudos
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría penas que van de los 6 a los 17 años de prisión y multas que de entre 8 mil y 17 mil días de salario mínimo a quien difunda imágenes explícitas de cadáveres sin el consentimiento de los familiares directos.
La iniciativa, que todavía deberá discutirse en el Pleno, busca establecer el concepto de dignidad póstuma y el trato respetuoso al cadáver de una persona.
La Comisión de Salud consideró que en el caso de la difusión de imágenes para fines periodísticos se podrá hacer siempre y cuando no se vulnere la dignidad póstuma del cadáver, aunque quedarán exceptuadas las imágenes de cadáveres para fines ministeriales.
Al argumentar sobre la necesidad de este tipo de regulación, el presidente de la Comisión, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, criticó que existen medios de comunicación que lucran con este tipo de imágenes.
“Se expuso mediáticamente a través de notas amarillistas, sobre todo de medios de comunicación que existen en ello que, a fin de poder ganar audiencia, a fin de poder ganar seguidores, exponen lo que íntimamente para los familiares no es lo correcto, pero así lo hacen”, dijo
En tanto, la diputada Selene Ávila Flores, también de Morena, comentó que la iniciativa se basa en el respeto a los derechos fundamentales.
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Durante el debate en la Comisión, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del PAN, solicitó “la dignidad para las personas fallecidas y que las imágenes que están en los diferentes periódicos no se puedan exponer de una manera explícita, y mucho menos inventar historias a quienes de alguna manera aparecen en estas fotografías”.
La diputada Margarita García García, del PT, destacó que “valdría la pena cuestionar quién y cómo se determinará que una imagen utilizada para fines periodísticos, incluido la nota roja, que suelen incluir imágenes grotescas, viola la dignidad póstuma”.
El 23 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó con 470 votos a favor la llamada Ley Ingrid, una reforma al Código Penal Federal que impone penas de hasta 10 años de prisión a funcionarios que filtren o difundan imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
La Ley Ingrid es resultado de la indignación que ocasionó la filtración de imágenes del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla en 2020, que detonó protestas en grupos editoriales que publicaron las fotos en las primeras planas de sus diarios.
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CAB
