El Ombudsman Luis Raúl González Pérez señaló que la justicia por propia mano es un acto reprochable y condenable que lo convierte en “barbarie”
Después de que esta semana ocurrieran dos linchamientos de personas que fueron acusados de ser “robachicos” en los estados de Puebla e Hidalgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos y los calificó como actos de barbarie.
El Ombudsman Luis Raúl González Pérez señaló que la justicia por propia mano es un acto reprochable y condenable, “no podemos perseguir conductas, presuntamente ilícitas pretendiendo hacer justicia”, declaró.
“Los linchamientos no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano. Eso no es justicia, eso es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales”, resaltó.
Asimismo, González Pérez dijo que la comisión a su cargo emitió una recomendación para el estado de Puebla, una de las entidades con mayor tendencia a este tipo de conducta dada la debilidad institucional en la procuración de justicia existente en la región.
“La condición del país, impunidad y violencia han dado las razones para que las personas cometan este delito; sin embargo, la desesperación de las personas no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano, porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más”, subrayó.
Finalmente, González Pérez dijo los culpables tienen que enfrentar procesos penales y los inocentes deben tener la certeza de que vivimos en un Estado de Derecho.
El pasado miércoles, alrededor de 150 habitantes de una comunidad del estado de Puebla, lincharon y quemaron vivos a dos personas a las que habían identificado como presuntos secuestradores de menores.
Mientras que el jueves un grupo de vecinos linchó y prendió fuego a dos personas más a las que acusaban de haber robado niños en el municipio de Tula, en Hidalgo.
En ambos casos, las autoridades locales señalaron que no estaba “probado” que las víctimas hubieran cometido el delito por el que fueron atacadas.
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