La organización defensora del territorio presentó una cronología de hechos ocurridos entre 2019 y 2025.
Comunidades del Istmo piden investigar obras del Tren Interoceánico por fallas estructurales. La Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) solicitó que se investigue a las empresas responsables de la rehabilitación del Tren Interoceánico, además de exigir la suspensión de las operaciones ferroviarias en las líneas Z y K, cuya ejecución ha sido cuestionada por el colectivo incluso antes de que el proyecto entrara en funcionamiento.
Mediante un pronunciamiento público, la organización defensora del territorio presentó una cronología de hechos ocurridos entre 2019 y 2025, en la que documenta presuntas irregularidades que incluyen la falta de información a comunidades indígenas sobre las obras de modernización del ferrocarril, la criminalización de la protesta social, así como adeudos a trabajadores y proveedores locales por parte de empresas constructoras contratadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina.
La Ucizoni recordó el descarrilamiento de una locomotora en febrero de 2022 en un tramo curvo de la comunidad de Palomares, en el municipio de Matías Romero, incidente que, según la organización, habría sido provocado por el exceso de balastre y el uso de materiales de baja calidad en la vía férrea.
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En su recuento, el colectivo señala que los incidentes en la línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han sido recurrentes, presuntamente derivados de deficiencias en los trabajos realizados por constructoras como Grupo La Peninsular, Comsa Infraestructura —filial en México del corporativo español Comsa—, en asociación con Grupo Constructor Diamante.
Asimismo, la organización urgió a realizar una investigación exhaustiva sobre la presunta mala calidad de las obras tanto en la línea Z como en la línea K, que conecta Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo, Chiapas. Señaló que los trabajos se habrían ejecutado con premura, sin atender la experiencia de maquinistas veteranos, y demandó sanciones para empresarios y funcionarios presuntamente vinculados con la empresa ABCD Arquitectura, relacionada con Javier Aguilera Peña, firma que en noviembre pasado habría despedido a cerca de 200 trabajadores.
