El fiscal especializado en delincuencia organizada de la FGR rechazó que las demandas signifiquen una persecución contra de la comunidad científica
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguró que existe una “ola concertada de desinformación” sobre las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de científicos, pues la denuncia es contra una asociación civil privada, no hacia alguna persona en específico.
La dependencia explicó que denunció ante el Ministerio Público las “posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT A.C.) desde fideicomisos del Conacyt.
“Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, expuso el consejo en un comunicado
El Conacyt también detalló que en 2019 mantuvo un proceso de diálogo con la asociación civil, que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos.
“Bajo los principios de la austeridad republicana y acorde con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal, el Conacyt ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por el FCCyT A. C. y, en cambio, interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso”, aseguró.
En este contexto, el Conacyt argumentó que es su responsabilidad alertar tanto a las autoridades administrativas como penales sobre cualquier acto en agravio del erario y aclaró que las emprendan esas instancias no son su responsabilidad.
En la misma línea, Alfredo Higuera Bernal, fiscal especializado en delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó este jueves que las demandas que ha interpuesto la fiscalía contra 31 científicos e investigadores del Conacyt signifiquen una persecución en contra de la comunidad científica.
En entrevista para Radio Fórmula, Higuera Bernal señaló que la FGR quiere investigar y perseguir los delitos que se les imputa a estos científicos por el presunto desvío de recursos que eran destinados al Conacyt y que, en realidad, se enviaron a un organismo privado que estaba dentro del propio Consejo.
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“No se está actuando contra la comunidad científica ni contra la Academia (…) Se está atendiendo una denuncia en la que se señalaron posibles irregularidades, hechos con apariencia de delito, respecto de servidores públicos que manejaron recursos a través de un esquema que tiene indicios de ilegalidad y no necesariamente por su actividad científica”, comentó Higuera Bernal
Ayer, el juez Gregorio Salazar desestimó por segunda ocasión la solicitud de la orden de aprehensión que realizó la FGR contra estos 31 científicos e investigadores del Conacyt por su presunta participación en un esquema de desvío de fondos. La fiscalía los acusó por cuatro delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
El juez consideró que no hay delito en la creación y manejo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), señalado por la FGR porque se fondea con recursos públicos que son del Conacyt, ya que dicho foro se ampara en el propio estatuto del Conacyt para operar de esa forma.
Sobre esta resolución, el fiscal especializado en delincuencia organizada de la FGR acusó en la entrevista que el juez tomó esta decisión sin haber realizado una investigación exhaustiva.
“Se dejó de analizar de manera integral, de manera completa, todo lo que investigó el ministerio público al momento de hacer la petición de la orden de aprehensión (…). Se hizo de manera parcial, muy limitada”, comentó
Alfredo Higuera Bernal añadió que la FGR insistirá en proceder penalmente contra los 31 científicos e investigadores del Conacyt, ya sea por vías de impugnación o con el replanteamiento del caso.
También ayer, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones pidieron un alto a la “represión” que emprendió la FGR en contra de científicos e investigadores del Conacyt.
Los docentes exigieron atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determinó que fue legal que el Conacyt otorgara recursos públicos al FCCyT para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt en 2020.
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CAB
