Exigen prisión perpetua para los asesinos
Este jueves el caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, fue retomado por las autoridades hondureñas, la fiscalía pidió la condena de “carcel de por vida” para los siete culpables de la muerte de la mujer, ocurrido en marzo de 2016. Mientras tanto defensores de los imputados propusieron penas de 20 a 33 años de prisión.
La fiscalía argumentó que los cuatro autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), “obraron con alevosía” cuando la mataron en la comunidad occidental de La Esperanza.
El 2 de marzo de 2016, los cuatro culpables rompieron la puerta de la casa de Berta para asesinarla, también dejaron herido de gravedad al mexicano Gustavo Castro, acto seguido huyeron en un vehículo.
Los defensores de los cuatro acusados, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres, demandaron la pena mínima, de 20 años por asesinato, y 13 años y cuatro meses por intento de asesinato.
Los asesinos también fueron acusados por “tentativa de homicidio” del mexicano Gustavo Castro, quien acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron herido creyendo que había muerto.
En tanto, la fiscalía pidió también cadena perpetua para los otros tres acusados: el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez; para el ex jefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, y al mayor del ejército, Mariano Díaz.
El 30 de noviembre, el tribunal declaró culpable a Rodríguez, Díaz, Bustillo y otro ejecutivo de DESA por contratar a cuatro sicarios para que mataran a Cáceres, a cambio de unos cuatro mil dólares.
Los ejecutivos de DESA pensaron que matando a Cáceres podían seguir la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio indígena, según el fallo.
Antes de su asesinato, Cáceres había sido amenazada por ejecutivos de DESA, por encavezar manifestaciones a favor de detener la construcción.
Antes de que el tribunal dicte sentencia, la Sala de lo Constitucional debe resolver dos amparos presentados por familiares de Cáceres y dirigentes del Copinh, quienes recusaron al juzgado por temor a que pretenda salvar de responsabilidad a los banqueros hondureños socios de DESA, a quienes consideran autores intelectuales del crimen.
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