El exmandatario también tiene abiertos otros procesos. La justicia lo acusa de corrupción pasiva y asociación de malhechores
Un tribunal de Francia condenó este jueves a un año de cárcel al expresidente francés Nicolas Sarkozy por financiación ilegal de su campaña electoral a la Presidencia en 2012, cerca de seis meses después de ser sentenciado a tres años de prisión por los delitos de corrupción y tráfico de influencias.
De esta manera, el exmandatario tendrá que cumplir su pena “bajo régimen de vigilancia electrónica”, según el tribunal, que sentenció además a tres años de cárcel a Jérôme Lavrilleux, director de gabinete de Jean-François Copé y director adjunto de la campaña de Sarkozy.
La jueza Caroline Viguier resaltó durante la lectura del veredicto que “Sarkozy conocía el montante legal del tope de gasto” y dijo que “fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas”.
“No era su primera campaña y tenía conocimiento de las normas de derecho”, dijo la jueza, quien apuntó que, pese a todo ello, “Sarkozy siguió manteniendo encuentros en las mismas condiciones que hasta entonces”.
En este sentido, hizo hincapié en que “Sarkozy conocía las cuentas de su campaña” y añadió que el gasto superó el límite por más de 16,2 millones de euros. “El tribunal considera que el techo fue superado a partir del 18º encuentro, el del 31 de marzo de 2012. A partir de esa fecha, cada acto supuso una infracción”, mencionó.
Sarzoky estaba siendo juzgado junto a otras trece personas -todas ellas declaradas culpables- por el caso ‘Bygmalion’, que gira en torno a una supuesta falsificación de facturas para que su campaña se mantuviera por debajo del límite que establece la regulación gala. Los investigadores sospechan que el coste real rondó los 42 millones de euros, ampliamente por encima de los 22,5 millones requeridos.
El expresidente francés ya fue condenado a principios de marzo a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, al término de un proceso en el que se concluyó que había ofrecido un trato de favor a un juez a cambio de información privilegiada.
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El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de “espectáculos a la estadounidense”, en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos.
Este exceso de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP), actualmente Los Republicanos, y la empresa que organizó los eventos, Bygmalion.
A diferencia de las otros 13 acusados, a los que se les impuso penas de 2 a 3 años y medio de prisión, al exjefe de Estado no se le acusaba del sistema de doble contabilidad puesto en marcha, sino de “financiación ilegal de campaña”.
El exmandatario también tiene abiertos otros procesos. La justicia lo acusa de corrupción pasiva y asociación de malhechores, entre otros delitos, por la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo.
La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.
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CAB
