El secretario General de Gobierno de Nuevo LEón aseguró que tanto él, como “El Bronco”, estaban protegidos por amparos y suspensiones contra la destitución
El pleno del Congreso de Nuevo León frenó, este miércoles, la sesión de la Comisión Anticorrupción que se llevaría a cabo este jueves para determinar la sanción al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y al secretario General de Gobierno, Manuel González Flores.
Con 30 votos a favor y cuatro en contra, el Pleno del Poder Legislativo ordenó que los trabajos de la Comisión se prorroguen hasta que un diputado local sea enviado a la Ciudad de México y obtenga, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una postura oficial sobre si pueden o no destituir al gobernador y al secretario.
Cabe mencionar que el miércoles por la mañana el secretario General de Gobierno, Manuel González aseguró que tanto él, como el gobernador, estaban protegidos por amparos y suspensiones, en contra del procedimiento de destitución.
Además, exhortó a que los legisladores consulten a la SCJN, para que no violen sus derechos políticos.
Apenas unos minutos después de esta declaración, el diputado del Partido del Trabajo, Azael Sepulveda, planteó al pleno la solicitud de que se envíe al presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz, a la Ciudad de México para que la SCJN le indique si pueden o no proceder contra Manuel y “El Bronco”.
“Se instruye al presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, a solicitar orientación y criterios sobre los alcances y términos de las suspensiones otorgadas dentro de la controversia constitucional 310/2019, a fin de dar cumplimiento satisfactorio a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación”, planteó Sepulveda.
Aunado a ello, a petición de la diputada panista, Itzel Castillo, se le ordenó a la comisión anticorrupción que detuviera la sesión programada para mañana hasta que se reciba la repuesta de la SCJN.
Por su parte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo Bonifacio De la Garza Garza, acusó que las bancadas del PRI y PAN están solapando los actos de corrupción del gobernador y del secretario y pretenden protegerlos, para que no sean destituidos.
“Esto no es un tema de partidos, no es un tema de política, es un tema de justicia que ahora ya queda en evidencia quién si está dispuesto a hacer justicia y quién no está de acuerdo con hacer justicia”, expresó.
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