Cinco legislativos estatales ya ratificaron la iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado; aún se requieren 12 para su validación constitucional.
La reforma constitucional que busca facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión comenzó a recibir el aval de los congresos estatales. Hasta anoche, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nayarit habían aprobado la minuta enviada por el Senado, donde previamente se había votado por unanimidad.
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Con este paso, restan 12 legislativos locales para que la reforma pueda ser declarada constitucional y publicada por el Ejecutivo federal. El objetivo central es poner freno al cobro de piso, a las llamadas de extorsión y a otras modalidades de amenazas utilizadas por la delincuencia organizada.
Un problema creciente
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Lucía Trasviña, recordó que la extorsión no es un delito aislado, sino un fenómeno que afecta hogares, comercios y comunidades enteras. Según cifras oficiales, en enero de 2025 se registraron casi 30 casos diarios, un incremento del 57% en seis años.
El Inegi señala que este delito fue el más recurrente contra las unidades económicas en 2023, con pérdidas que superaron los 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB.
Voces en el Senado
Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la urgencia de aprobar la medida. La senadora Rocío Corona Nakamura advirtió que el cobro de piso ocurre “a plena luz del día” y se ha normalizado en distintas regiones.
Por su parte, Karla Toledo, del PRI, afirmó que “México no aguanta más el cáncer de la extorsión” y acusó al actual gobierno de omisión. En tanto, Verónica Ramírez, del PAN, destacó que solo en el primer semestre del año se contabilizaron 5,887 víctimas de este delito, la cifra más alta en registros recientes.
Claves de la reforma
La propuesta plantea:
- Homologar sanciones: unificar criterios de investigación y castigo en todo el país.
- Fortalecer la coordinación: articular esfuerzos entre federación, estados y municipios.
- Persecución de oficio: permitir que el delito sea investigado sin denuncia previa.
- Protección a víctimas: garantizar certeza jurídica y resguardar a quienes denuncien.
Impacto esperado
La reforma pretende enviar un mensaje firme contra quienes lucran con el miedo, fortalecer la economía de pequeños negocios, combatir la impunidad y sentar las bases de una estrategia nacional unificada contra la extorsión.
Con información de Excelsior
