La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde este miércoles a la realización de un referendo en el que la ciudadanía decidirá si se convoca o no a una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución, con énfasis en reforzar la lucha contra el narcotráfico.
La iniciativa es impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien enfrenta una creciente crisis de seguridad debido al accionar de las bandas criminales que han convertido a Ecuador en uno de los países con mayores índices de homicidios en América Latina.
El máximo órgano judicial del país emitió un “dictamen favorable para la convocatoria a (una) Asamblea Constituyente”, lo que permitirá incluir esta pregunta en el referendo nacional previsto para el próximo 16 de noviembre. Entre otros puntos, también se planteará en la consulta si debe permitirse el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La Corte subrayó que esta propuesta no debe interpretarse como una maniobra política del gobierno actual, sino como un paso de gran relevancia histórica, en un país que ha reformado o reemplazado su Constitución en múltiples ocasiones.
La Constitución vigente fue adoptada en 2008 bajo el mandato del expresidente Rafael Correa, adversario político de Noboa, y ha sido una barrera para las reformas propuestas por el actual mandatario. Noboa ya había intentado modificar el texto constitucional a través de la Asamblea Nacional, dominada por fuerzas oficialistas, pero la Corte Constitucional bloqueó varias de esas iniciativas al considerar que vulneraban derechos fundamentales.
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Estos enfrentamientos entre Noboa y el alto tribunal han sido constantes, y han generado un clima de tensión política. En medio de estas disputas, el presidente ha acusado a los magistrados de ser “enemigos del pueblo” y ha encabezado protestas en su contra, lo que ha intensificado el debate sobre la necesidad de una nueva Carta Magna.
El Consejo Nacional Electoral será el encargado de determinar si la propuesta de convocar a una Constituyente —que estaría conformada por 80 miembros elegidos por voto popular— será incluida oficialmente en la consulta de noviembre. En esa misma jornada, los ecuatorianos también votarán sobre temas como la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras, una disposición que data de 2009, cuando finalizó un acuerdo con Estados Unidos que permitió el uso de la base aérea de Manta con fines antidrogas durante una década.
Además, el referendo incluirá la propuesta de poner fin al financiamiento estatal de los partidos políticos, una medida que ha generado opiniones divididas. Según el organismo electoral, el costo total de la consulta popular rondará los 60 millones de dólares.
