El futuro de casi 700,000 jóvenes indocumentados dependerá de la decisión que tome la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad del programa DACA
La Corte Suprema de Estados Unidos revisará esta semana el plan del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin al programa DACA, las siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que protege de la deportación a unos 660,000 inmigrantes.
Es un caso con fuertes connotaciones políticas en medio de la campaña electoral presidencial de 2020.
Todos los ojos estarán puestos en el presidente del tribunal, John Roberts, cuando la corte escuche los argumentos el martes. Aunque es conservador, Roberts es el magistrado de la corte más cercano al centro y también está muy consciente de las percepciones públicas de una corte dividida ideológicamente.
Es la tercera vez en tres años que la administración federal pide a los jueces que rescaten una política controvertida que ha sido bloqueada por tribunales inferiores.
La corte dio la razón al gobierno de Trump al permitirle aplicar la prohibición de viajar a los provenientes de algunos países de mayoría musulmana, pero le impidió agregar una pregunta sobre ciudadanía para el censo 2020.
Roberts fue el único miembro de la corte que estuvo con la mayoría en las dos primeras ocasiones que el máximo tribunal revisó el programa. El juez estuvo del lado de cuatro conservadores en la prohibición de viajar y con cuatro liberales en el caso del censo. Su voto también podría ser decisivo esta tercera vez.
El programa en cuestión es el DACA, creado durante el gobierno de Barack Obama, tenía como objetivo sacar de las sombras a inmigrantes que viven sin permiso de residencia en Estados Unidos y que llegaron hace años siendo niños.
Mientras el Congreso estaba en un punto muerto para sacar una reforma migratoria integral, Obama decidió crear el DACA para proteger formalmente a las personas de la deportación al tiempo que les permitía trabajar legalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, Trump hizo de la inmigración ilegal una parte central de su campaña y en septiembre de 2017, menos de ocho meses después de asumir el cargo, anunció que terminaría con el DACA.
Inmigrantes, grupos de derechos civiles, universidades y estados liderados por demócratas demandaron rápidamente, y los tribunales suspendieron el plan de la administración.
Hay dos cuestiones que abordará la Corte Suprema: si los jueces federales pueden si acaso revisar la decisión de finalizar el programa y, en caso de que puedan, revisar si es legal la forma como la administración quiere acabar con el DACA.
Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California que se desempeñó como secretaria de Seguridad Nacional de Obama cuando se creó el DACA, dijo que el gobierno parece reconocer que terminar con este programa sería impopular.
Si el tribunal superior falla a favor de la administración, no está claro qué tan rápido terminaría el programa o si podría actuar el Congreso.
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