Este viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos calificó como constitucionales las leyes que prohíben a las personas sin hogar dormir al aire libre
Rechazando los argumentos de que esa práctica equivalía a un castigo cruel, la Corte Suprema de Estados Unidos calificó de constitucionales las leyes que prohíben a las personas sin hogar dormir al aire libre. Según un recuento del año 2023, unas 653 mil 100 personas están sin hogar en todo Estados Unidos.
El caso abordado por el máximo tribunal se originó en las regulaciones de la ciudad de Grants Pass, en el occidental estado de Oregón, que prohíben acampar o utilizar cualquier tipo de ropa de cama en una propiedad pública. Esa disposición fue tomada después que los parques de la ciudad se llenaran de tiendas de campaña, mantas y cartones.
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Quienes la infrinjan se enfrentan a una multa de 100 dólares y posibles penas de prisión para los reincidentes. La decisión de la Corte, tomada por sus seis jueces conservadores con el voto disidente de los tres de la minoría progresista, estipula que la falta de vivienda no es una condición que habilite a nadie a invocar la enmienda constitucional que prohíbe los castigos corporales.
“La Octava Enmienda de la Constitución cumple muchas funciones importantes, pero no autoriza a los jueces federales a arrebatar esos derechos y responsabilidades al pueblo estadounidense y, en su lugar, dictar la política de esta nación para las personas sin hogar”, escribió el juez Neil Gorsuch a nombre de la mayoría.
La Corte Suprema asumió el caso después de que una coalición de estados liderados por republicanos, como Arizona, y dirigentes progresistas como el gobernador de California, Gavin Newsom, se quejaran de que un fallo de un tribunal inferior les impedía abordar la crisis de las personas sin hogar.
El ala conservadora de la Corte Suprema sostuvo durante las discusiones que se trata de un asunto que debe ser resuelto por cada estado y cada ciudad. Abogados de las personas sin hogar han argumentado que prohibir acampar a gente que no tiene dónde pasar la noche equivale a un “castigo cruel e inusual” sancionado por la Octava Enmienda de la Constitución estadunidense.
“Dormir es una necesidad biológica, no un delito. Para algunas personas, dormir al aire libre es su única opción”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, de la minoría progresista.
Grants Pass, un municipio de 40 mil habitantes, carece de refugios públicos para personas sin hogar. Economistas sostienen que Estados Unidos no dispone de un stock de viviendas suficiente para satisfacer la demanda, lo que impulsa los precios al alza, afectando fundamentalmente a los sectores más pobres y favoreciendo la expansión del fenómeno de los “sin techo”.
… pero limita una ley utilizada contra quienes asaltaron el Capitolio
La Corte Suprema de Estados Unidos también limitó el campo de acción de una ley utilizada contra los partidarios del expresidente republicano Donald Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, al anular un cargo contra uno de ellos. Esta decisión podría tener consecuencias indirectas en el juicio federal contra Donald Trump por supuestamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020, ya que este cargo es uno de los que pesan sobre él.
Este juicio de Trump está suspendido a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie —en principio el lunes— sobre la inmunidad penal que reclama como expresidente. El fallo del viernes se centra en si el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial se aplica al asalto al Capitolio, es decir, al intento de impedir que el Congreso validara los resultados de las elecciones.
El tribunal, por mayoría de seis votos contra tres considera que no puede aplicarse al expolicía Joseph Fischer por lo que hizo el 6 de enero de 2021.
Para probar que la ley se ha violado en este caso, la fiscalía debe “establecer que el imputado comprometió la disponibilidad o integridad de registros, documentos u objetos destinados a ser utilizados en un procedimiento oficial”, escribió el presidente de la Corte, John Roberts, en nombre de la mayoría.
Por el contrario, la jueza conservadora Amy Coney Barrett y dos colegas progresistas discrepan. Estima que se trata de “contorsiones semánticas” para dar a la ley una interpretación más restrictiva que la que, según ella, pretendía el Congreso.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, deploró en un comunicado esta decisión, que “limita una importante ley federal” utilizada por sus servicios para responsabilizar a los principales autores del “ataque sin precedentes” contra el sistema institucional del 6 de enero de 2021.
Pero “sólo tendrá consecuencias en un pequeño número de casos”, según el departamento, que precisa que de las más de mil 400 personas acusadas por su participación en el asalto al Capitolio, menos del 18% fueron procesadas o declaradas culpables de este cargo. De los que lo fueron, unos 50 fueron condenados sólo por este cargo y 27 cumplen actualmente pena de prisión, según la misma fuente.
También reduce el poder de las agencias federales
Entre sus fallos del viernes, redujo la libertad de acción de las agencias federales, en el punto de mira de los círculos ultraliberales que luchan contra la “burocracia”, al anular una jurisprudencia de 1984 wque daba la última palabra a las agencias gubernamentales en materia de medio ambiente, protección social o de los consumidores.
“Los tribunales no pueden ceder a la interpretación de la ley por parte de una agencia simplemente porque un estatuto es ambiguo”, afirmó en un escrito el presidente de la corte, John Roberts, en nombre de la mayoría de seis jueces conservadores del tribunal.
Conocida como “doctrina Chevron”, la jurisprudencia vigente desde un fallo de 1984 decía que los jueces debían ceder a estas agencias la determinación de una interpretación “razonable” de la ley si había ambigüedades o lagunas. La doctrina “Chevron queda anulada”, agregó Roberts.
Para la jueza progresista Elena Kagan, que votó contra la anulación, esta doctrina “se ha convertido en un pilar del gobierno moderno, apoyando esfuerzos regulatorio de todo tipo, por nombrar algunos, sobre la calidad del aire y del agua, la seguridad de los alimentos y medicamentos, y la honestidad de los mercados financieros”.
Los detractores de esta jurisprudencia argumentan que la interpretación de las leyes compete al poder judicial y no a las agencias federales, que dependen del poder ejecutivo.
“Una reversión de la jurisprudencia Chevron provocará un shock injustificado para el sistema legal”, argumentó durante los debates en enero la asesora jurídica de la administración del presidente demócrata Joe Biden, Elizabeth Prelogar, haciendo hincapié en la inestabilidad que traería la decisión. Según su hipótesis, provocaría una cacofonía jurídica, con “reglas diferentes en diferentes lugares del país”.
Pero la mayoría de los jueces conservadores no se convenció con estos argumentos. Uno de ellos, Brett Kavanaugh, sostuvo que esta inestabilidad es inherente a las instituciones democráticas. “La propia jurisprudencia de Chevron provoca un choque en el sistema cuando llega un nuevo gobierno”, replicó, en referencia al mandato presidencial de cuatro años, renovable una vez.
Estas alteraciones afectan las regulaciones tanto “de las telecomunicaciones, los mercados financieros, así como de la competencia y el medio ambiente”, enumera Kavanaugh.
Paradójicamente, cuando se adoptó en 1984, el caso fue una victoria para el presidente republicano Ronald Reagan, quien acusó a los jueces federales del país de línea progresista de sofocar a las empresas estadunidenses bajo montañas de trámites burocráticos innecesarios y restrictivos.
Pero desde entonces la derecha ha criticado el fallo, con el argumento de que otorga injustamente poderes al gobierno federal sobre el sistema judicial y que permite a las agencias alterar el significado de los estatutos, dependiendo de quién esté a cargo.
