Para ejidatarios y comuneros, esta medida implica un gasto innecesario y una distorsión de las funciones públicas.
Cuestionan programa que busca cobrar por la sucesión agraria, pese a que la ley la establece como gratuita. Ejidatarios y comuneros del Estado de México expresaron su inconformidad con el denominado Programa Nacional del Testamento Agrario, al considerar que promueve el cobro de un trámite que la Ley Agraria ya reconoce como gratuito y responsabilidad del Estado.
Desde hace años, la legislación agraria contempla la figura de la lista de sucesión, mediante la cual los titulares de derechos ejidales o comunales pueden designar a sus herederos sin costo alguno, simplemente depositando el documento correspondiente ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
No obstante, a partir de un convenio firmado entre la Procuraduría Agraria y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, se impulsa ahora la formalización de la voluntad sucesoria a través de una escritura pública ante notario. Para ejidatarios y comuneros, esta medida implica un gasto innecesario y una distorsión de las funciones públicas, al trasladar a particulares un trámite que ya está previsto en la ley.
Especialistas del sector advirtieron que el impacto económico del esquema podría ser considerable. De acuerdo con estimaciones, si alrededor de 1.8 millones de ejidatarios y comuneros realizaran un testamento notarial con un costo promedio de mil pesos, la transferencia de recursos al gremio notarial alcanzaría aproximadamente mil 800 millones de pesos.
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El artículo 17 de la Ley Agraria establece que el ejidatario puede designar libremente a su sucesor mediante una lista depositada en el Registro Agrario Nacional, en la que se indiquen los nombres y el orden de preferencia. Por su parte, el artículo 18 señala que, en ausencia de dicha designación o cuando los herederos no puedan recibir los derechos por causas legales o materiales, éstos se transmitirán conforme a un orden que prioriza al cónyuge, concubina o concubinario, hijos, ascendientes u otras personas que dependan económicamente del titular.
En redes sociales, particularmente en la página de Facebook de la Procuraduría Agraria, se han acumulado decenas de comentarios en rechazo al Programa Nacional del Testamento Agrario y al costo que representaría para ejidatarios y comuneros. Algunos usuarios advirtieron que el procedimiento ya está claramente regulado en la ley y alertaron sobre posibles riesgos de confusión y corrupción.
Analistas coincidieron en que el problema de fondo no radica en la falta de instrumentos legales, sino en la deficiente operación y la limitada cobertura territorial del Registro Agrario Nacional y de la propia Procuraduría Agraria.
