Yenifer Paredes, de 26 años, está acusada de formar parte de una red de corrupción dirigida desde el Palacio de gobierno
Un juez peruano ordenó este domingo prisión preventiva por 30 meses para la cuñada del presidente Pedro Castillo, la mayor escalada hasta el momento de una serie de investigaciones de presunta corrupción que involucran a su propia familia.
El juez peruano Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en una audiencia celebrada este domingo, mientras es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
De igual manera, el magistrado dictó la misma resolución para el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina, quien presuntamente participó como colaborador en las coordinaciones para adjudicar las obras de infraestructura en su localidad a una empresa determinada, a cambio de dinero.
Gómez declaró que, en el caso de Paredes, quien fue criada por Castillo y su esposa como una hija, se cumple el supuesto del peligro de fuga y que hay una baja calidad de arraigo domiciliario, familiar y laboral, al argumentar su decisión.
El magistrado citó los indicios expuestos por la Fiscalía, entre los que figuran la demora que hubo en Palacio de Gobierno para permitir el ingreso de la Policía y un fiscal para allanar ese edificio en busca de Paredes, cuando se dictó una primera orden de detención preliminar.
Asimismo, el hecho de que no cuenta con un trabajo ni ingreso fijo, pero tiene al menos 90 mil soles (23 mil 300 dólares) en depósitos bancarios.
El juez mencionó las visitas que hizo el empresario Hugo Espino, colaborador de la Fiscalía, al Palacio de Gobierno para presuntamente coordinar con Paredes y su hermana, Lilia Paredes, esposa de Castillo, la adjudicación de obras a su compañía en el distrito de Anguía, ubicado en la región Cajamarca.
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Los delitos atribuidos a Paredes y Medina son penados con entre 8 y 20 años de cárcel, razón por la cual la Fiscalía ha solicitado 23 años de cárcel para la cuñada del mandatario.
La cuñada estaba detenida desde hace dos semanas mientras la investigan por supuestamente integrar una red de corrupción en obras públicas y por lavado de activos, que según la fiscalía estaría dirigida por el propio presidente izquierdista.
Castillo declaró este domingo, durante una visita a la ciudad de Tacna, que desde hace “más de un año y en este momento, piden, pagan y fabrican colaboradores eficaces, y cuando los tienen adentro los amenazan” para que digan que “Pedro Castillo es corrupto”.
“Al final, nosotros seguiremos sometiéndonos al país y, si ustedes detectan que hemos robado un centavo, tienen la prerrogativa de sancionarme”, agregó el mandatario.
El jefe de Estado está en medio de una controversia después de haber pedido que se sancione al policía que dirigió el allanamiento en el Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, el coronel Harvey Colchado con su pase al retiro, y con los cambios en el alto mando policial realizados el sábado aparentemente con este fin.
En tanto, el gobernante encara seis investigaciones fiscales, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
Los fiscales buscan probar que la cuñada de Pedro Castillo forma parte de un grupo que se dedicaba al tráfico de influencias para asignar contratos públicos a los aliados del presidente en su región natal de Cajamarca, en los Andes peruanos.
Paredes, que ha rechazado las imputaciones, no ha sido acusada de ningún delito y pasará un tiempo en la cárcel mientras los fiscales continúan con sus investigaciones.
Uno de los sobrinos del expresidente y un exministro del actual gobierno, incluidos en las investigaciones fiscales por presunta corrupción, se encuentran prófugos de la justicia.
La esposa de Castillo, Lilia Paredes, también ha sido incluida en las investigaciones y la fiscalía ha solicitado a un juez su impedimento de salida del país durante 36 meses.
Es la primera vez que un presidente en ejercicio en Perú es investigado por la justicia, aunque de acuerdo a la Constitución no puede ser acusado mientras dure su mandato de cinco años.
Casi todos los presidentes en Perú se han visto involucrados en acusaciones de corrupción en las últimas tres décadas. Cuatro exmandatarios están encarcelados, en arresto domiciliario o enfrentando un proceso con una posible condena a prisión.
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CAB
