A Alejandra Barrios, líder de comerciantes en el Centro Histórico, se le imputan los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.
Un juez de Control calificó de legal la detención de Alejandra Barrios, líder comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México y ordenó prisión preventiva oficiosa hasta el próximo martes, cuando continuará la audiencia inicial en su contra.
Previo a la audiencia virtual, en la que la detenida permaneció en el penal de Santa Martha Acatitla y su defensa en las instalaciones de la sala de juicio oral de la colonia Doctores, se detalló que la acusada tiene graves problemas de salud derivados de COVID-19.
Al finalizar la audiencia, el abogado Abel Flores Ramírez detalló que solicitó la ampliación del término constitucional para reunir pruebas sobre el caso.
Indicó que se le dictó prisión preventiva oficiosa debido a que algunos testigos refirieron haber visto armas de fuego en su propiedad, pero rechazó que su clienta haya utilizado algún tipo de arma.
La continuación de la audiencia se realizará el próximo martes 29 de junio.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvieron el pasado jueves a Alejandra Barrios, líder de ambulantes del Centro de la Ciudad de México.
A la mujer, detenida en inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza, se le imputan los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.
Como parte de las indagatorias en su contra, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias de la ahora detenida en marzo pasado.
Un juez federal otorgó poco después una suspensión provisional contra dicha medida.
En marzo de este año, Diana Sánchez Barrios, hija de la imputada, también fue detenida y vinculada a proceso por los delitos de extorsión y robo en pandilla agravados.
De acuerdo con los datos de prueba aportados por el representante social, adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, la mujer posiblemente encabezaba una organización que llevaba a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en agravio de agremiados y otras personas, al exigirles el pago de cuotas a cambio de no dañar su integridad física y/o patrimonial.
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