La modificación en la duración del periodo gubernamental pretendió sincronizar a la entidad con los períodos de elecciones federales
El próximo 11 de mayo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizarán el caso de la llamada “Ley Bonilla”, en la que se decidirá restablecer el periodo de dos años para el gobierno del estado o respetar la ampliación que hizo el Congreso local de que sean cinco años los que esté al frente el gobernador electo Jaime Bonilla Valdéz,
La llamada “Ley Bonilla” ha sido objeto de minuciosos análisis y discusiones políticas, muchos de ellos con tintes partidistas, los cuales buscan desacretidar el periodo de gobernancia que, constitucionalmente, corresponde al actual mandatario.
La decisión de la Suprema Corte sobre el período actual del gobernador de Baja California, programado inicialmente para renovarse en 2023, y que durante el proceso electoral anterior se modificó para 2021, para luego ser reestablecido a su periodo original por el Congreso Estatal, busca sincronizar a la entidad con los períodos de elecciones federales, como la elección presidencial.
No obstante, la decisión tomada por el Congreso local ha sido impugnada por partidos políticos y llevada a una discusión legal federal, pese a la claridad de la normatividad vigente al momento de la inscripción del entonces candidato Bonilla Valdez.
De acuerdo a la normatividad del año 2019, Jaime Bonilla Valdez se inscribió como candidato a gobernador para un período de cinco años, comos establecía la jurisprudencia local del año 2015.
Fue durante el proceso electoral, el cual inició del 8 de septiembre de 2018 al 20 de septiembre de 2019, que el Congreso Local realizó una modificación y se estableció el período por dos años.
Al resultar vencedor en las urnas, Jaime Bonilla Valdez recibió su constancia de mayoría que lo acreditaba como gobernador electo por un periodo de 2 años, hecho que fue impugnó. Sin embargo, nunca se resolvió el fondo del asunto por una cuestión de forma, ya que se consideró que la impugnación fue extemporánea.
Luego, nuevamente el Congreso del Estado, ya con la actual legislatura, realizó otra modificación y regresó el período a los cinco años que inicialmente se contemplaban, lo que desató una polémica en la que particularmente partidos políticos impugnaron la decisión del Congreso de Baja California, y el asunto se fue hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá determinar la procedencia o no de la decisión del Congreso Estatal.
No obstante, esta impugnación no se trata de una reforma de naturaleza electoral, sino de una reforma a la Constitución Local que no tiene que ver con un proceso electoral, sino de un asunto de jurisprudencia legislativa, de ahí que los partidos políticos no están legitimados para impugnarla.
Si los magistrados decidieran sostener el período de dos años para el actual gobernador de Baja California, estarían dando por buena una decisión que tomó el Congreso local ya cuando el proceso electoral estaba corriendo, y con ello estaría abriendo una puerta para que se pudieran modificar, sobre la marcha, otros procesos electorales normados con anterioridad, como el caso de los federales.
De darse esta decisión a favor de una modificación como la citada, habría que temer particularmente lo que se pudiera modificar en relación a los períodos de la Presidencia de la República.
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