El panista presuntamente recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado
Los abogados de Ricardo Anaya llegaron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para la audiencia inicial en su contra por actos de corrupción, aunque sin la presencia del excandidato presidencial.
Eduardo Aguilar, representante legal de Anaya, llegó acompañado de otros tres abogados más y negó precisar si su cliente comparecerá físicamente ante el juez que lo requirió o siquiera si se encuentra en territorio nacional.
“La acusación de Lozoya no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento. Tan es así que la Fiscalía solicitó 54 años de prisión para Lozoya”, comentó a medios antes de ingresar al Centro de Justicia.
La diligencia está programada a las 9:00 horas y será la quinta ocasión en que la Fiscalía General de la República (FGR) intente imputar a Anaya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esto, por supuestamente recibir más de sies millones de pesos en sobornos para votar a favor de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su acusación final contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, en la que concluye que el exdirector de Pemex y su familia fueron los únicos destinatarios de sobornos.
Tras cinco años de investigación la FGR detalló que Lozoya Austin recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través de empresas ligadas a su familia, a cambio de la adjudicación de un contrato para la realización de obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
Descartó así que los sobornos fueran para agilizar la Reforma Energética.
Animal Político, medio que posee una copia de la acusación final contra Emilio Lozoya, informa que la Fiscalía solicita una pena de más de 46 años de cárcel por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Además, pide que el exfuncionario pague una multa de 87 millones de pesos y seis millones de dólares como reparación del daño.
Respecto a Gilda Susana Austin, madre de Emilio Lozoya, se solicita una pena de 23 años de cárcel y el pago de 262 mil pesos de multa.
En la acusación la FGR enlista 19 testigos, entre ellos seis exdirectivos de Odebrecht.
Apunta que la constructora brasileña pagó los sobornos a través de su División de Operaciones Estructuradas.
Cuatro millones de dólares se pagaron entre abril y junio de 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Se depositaron a Latin American Asia Capital Holding, compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas y cuyos beneficiarios eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
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En noviembre se bloqueó la cuenta de Latin American por una alerta antilavado. De esta forma, la transferencia de un millón 516 mil dólares se realizó a la compañía Tochos Hilding con la hermana de Lozoya como beneficiaria.
La Fiscalía sostiene que los sobornos se pagaron hasta después de la campaña presidencial de Peña Nieto, lo que comprueba que el dinero era exclusivamente para Emilio Lozoya.
Ya como director general de Pemez, en 2013, Lozoya Austin pactó un soborno de 6 millones de dólares para adjudicar a Odebrecht obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
Del monto dos millones se pagarían de inmediato mientras que los cuatro restantes solo si se cerraba la adjudicación.
El dinero fue transferido a la compañía Zecapan S.A., ligada a Emilio Lozoya.
Con los sobornos Lozoya Austin adquirió un departamento en el condominio Quinta Mar, ubicado en el Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero.
La propiedad tuvo un valor de un millón 900 mil dólares, de los que un millón 200 mil fueron pagados desde Tochos Holding, transacción que fue realizada por Marielle Hlene Eckes, esposa del exfuncionario.
La FGR sostiene en su acusación final 59 pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Entre los testigos para el juicio se encuentran Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de Odebrecht, y Luis Alberto de Meneses Weyll, exjefe de la División de México de la constructora.
Ambos y otros testigos más comparecerían por videoconferencia, con el apoyo de peritos en traducción.
En próximas semanas se realizará una audiencia intermedia, previo al juicio, en la que se analizarán las evidencias de la FGR.
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CAB
