Este 7 de noviembre, Nicaragua irá a las urnas en unas elecciones calificadas de “farsa electoral” por la oposición y la comunidad internacional
Integrantes de la comunidad nicaragüense en Ciudad de México y en Tapachula, Chiapas, protestaron por la reprensión, persecución y crisis política y social que vive su país ante el inicio de lo que llamaron “elecciones fraudulentas” en Nicaragua.
Con la bandera blanquiazul, decenas de nicaragüenses se reunieron en las inmediaciones de Monumento a la Revolución para exhortar a la comunidad internacional en manos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a intervenir en el proceso electoral.
De acuerdo con la ciudadana María José, quien llegó a México en 2019, este movimiento alza la voz para rechazar las elecciones, que apoyan “falta de democracia y respeto de derechos humanos” pues permiten que el presidente Daniel Ortega se reelija.
Aseveró que el apoyo desde la capital metropolitana abraza a los cientos de presos políticos, incluyendo opositores políticos y profesionales que presuntamente Daniel Ortega habría encarcelado desde 2019, en “condiciones inhumanas”.
En tanto, una veintena de jóvenes, hombres y mujeres, profesionistas exiliados de Nicaragua y que ahora radican en el sur de Chiapas, señalaron que se unen a las protestas en diversas países para mostrar su inconformidad por las elecciones de este domingo celebradas en el país centroamericano, pues señalan que son elecciones “fraudulentas”.
Afirman que las elecciones son fraudulentas. Denuncian que se busca que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se perpetúen en el poder bajo una política represiva y de persecución contra activistas, estudiantes y defensores de derechos humanos.
“Buscan seguir en el poder, gobernar bajo el crimen y la violencia, el terror político que causan bajo una dictadura disfrazada de elecciones amañanadas que se dan este domingo 7 de noviembre”, señaló el médico Ricardo Cohen, vocero de este movimiento.
Los nicaragüenses radicados en Tapachula agradecieron al pueblo y gobierno mexicano, al de Chiapas y al local por el cobijo y protección a quienes han salido huyendo de su país debido a la difícil crisis política y social.
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Elecciones
Este 7 de noviembre, Nicaragua irá a las urnas en unas elecciones generales calificadas de “farsa electoral” por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. En estos comicios el que fuera dirigente de la revolución sandinista Daniel Ortega alcanzará, previsiblemente, un cuarto mandato consecutivo, acumulando el poder durante cinco años más.
La situación de los Derechos Humanos en el país centroamericano ha venido deteriorándose desde hace años, lamentó la directora adjunta de la división de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, quien en una entrevista detalló que progresivamente, el régimen de Ortega y (Rosario) Murillo ha acaparado poder, cooptando gradualmente el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional.
Pero no solo la situación de los Derechos Humanos preocupa a la comunidad internacional, en la arena electoral, el régimen ha implementado estrategias represivas orientadas a desarticular a la oposición, disuadir mediante el miedo cualquier protesta en contra del Gobierno y allanar el camino para la reelección, alertó Taraciuk.
En este contexto, se ha registrado una “oleada de detenciones arbitrarias”, que en algunos casos han supuesto la prisión de críticos con Ortega, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos.
La “cacería” de críticos tiene como aval la aprobación de una serie de leyes y reformas abusivas que violan derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de prensa, y que restringen la participación política de los candidatos de oposición, unas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por partidarios del régimen.
Por todo esto, en Nicaragua no existen hoy condiciones para elecciones libres, justas y competitiva, concluyó Taraciuk, ya que además de que las principales figuras políticas opositoras se encuentran en prisión con cargos fabricados por el régimen, el Consejo Supremo Electoral –enteramente compuesto por miembros afines al Gobierno–, ha suprimido la personalidad jurídica de los principales partidos opositores, impidiéndoles su participación en las elecciones.
En este sentido, Ortega, en el poder desde 2007, y su vicepresidenta, esposa y mano derecha, Rosario Murillo, buscarán superar el 72 por ciento de los votos que lograron recabar en las últimas elecciones, celebradas en 2016 y también envueltas entre polémicas y acusaciones. Su victoria en las elecciones es presumible: se necesita un mínimo de un 35 por ciento para ganar, en unos comicios que celebran una única vuelta.
También las urnas recibirán los votos de los nicaragüenses para renovar los 92 escaños de la Asamblea Nacional, que en la actualidad es afín al oficialismo y ha sido la encargada de aprobar en el Legislativo la mayor parte de leyes que han servido para menoscabar las libertades de los nicaragüenses, así como a los miembros del Parlamento Centroamericano. También en las casillas para estos dos órganos se espera que arrase el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.
Al FSLN se enfrentarán un total de seis partidos, todos acusados por parte de la oposición de “colaboracionistas”, de servir como plataforma para “legitimar” unas elecciones que no tienen las garantías básicas para serlo.
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CAB
