Se le acusa de su probable responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, en agravio del estado de Veracruz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición de Karime Macías Tubilla que buscaba que fuera atraído el amparo con el cual pretende echar abajo la orden de aprehensión y la orden de detención provisional con fines de extradición que hay en su contra.
Con lo dictaminado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, podrá emitir sentencia.
En la misma, la autoridad resolverá si confirma o no la resolución emitida en primera instancia, donde se negó la protección de la justicia a la ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Cabe destacar que la decisión de no ejercer la atracción del caso fue porque el abogado de Karime carece de interés jurídico. La determinación le fue notificada el pasado 3 de marzo.
El 17 de febrero de este año, de manera unánime, los magistrados del Tribunal Colegiado rechazaron aplazar la resolución de su sentencia.
Señalaron que no había disposición legal para hacerlo, como lo demandó la quejosa, quien se encuentra bajo ciertas medidas cautelares en Londres, Inglaterra, luego de notificársele que México pidió su extradición.
Hace meses, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó amparar a Karime contra la orden de aprehensión librada por Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, el 25 de mayo de 2018.
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En ese entonces, también se le negó la protección de la justicia contra la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Ante ello, Karime interpuso el recurso de revisión, mismo que fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Karime Macías ya había solicitado a la Corte atraer su caso, pero el 17 de marzo de 2020, el presidente de la Primera Sala de la Corte, Juan Luis González Alcántara, solo dio trámite a la petición, ante la falta de legitimación de la quejosa.
El 29 de julio se sometió a consideración de los ministros la petición, y ninguno de ellos decidió de oficio hacerla suya, por lo que se desechó.
Se le acusa de su probable responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, en agravio del estado de Veracruz.
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CAB
