Autoridades de Quintana Roo rescataron a dos adolescentes y detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a estudiantes de secundaria
Autoridades ministeriales de Quintana Roo lograron desarticular una red de explotación sexual que operaba al interior de la secundaria Belisario Domínguez, ubicada en la supermanzana 64 del centro de Benito Juárez, en Cancún, muy cerca de la zona hotelera. La Fiscalía General del estado informó que dos adolescentes fueron rescatadas y una mujer adulta detenida como presunta responsable de la red.
De acuerdo con las investigaciones, una alumna de la secundaria reclutaba a sus compañeras para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y regalos, tanto dentro como fuera del estado. Estas menores eran entregadas a su “jefa”, identificada como Elizabeth Shekina “N”, quien se encargaba de transportar y coordinar los encuentros con los clientes. Por cada servicio, la organización cobraba entre dos mil 500 y tres mil pesos, de los cuales la presunta responsable retenía 500 pesos como comisión.
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Los encuentros se realizaban en moteles de la ciudad y, además de la remuneración en efectivo, los clientes proporcionaban obsequios como teléfonos celulares y otros artículos de valor. La Fiscalía destacó que se aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas, quienes eran presionadas y manipuladas por la estructura criminal.
Tras un proceso de investigación de campo y labores de inteligencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de Control la orden de aprehensión contra Elizabeth Shekina “N”, misma que fue ejecutada para que la acusada comparezca ante la autoridad que la requirió. En el periodo constitucional correspondiente se definirá su situación jurídica.
Este caso ha encendido las alarmas sobre la presencia de redes de trata en entornos escolares y la necesidad de reforzar la vigilancia y prevención en instituciones educativas, así como el acompañamiento psicológico y social a las víctimas. La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con investigaciones que garanticen la protección de menores y castigo a quienes vulneren sus derechos, mientras las familias y la comunidad educativa se mantienen atentas a posibles riesgos en el entorno escolar.
