Los celulares del presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados el año pasado por el programa
Las autoridades españolas detectaron el programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group, en los teléfonos celulares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Bolaños dijo en una rueda de prensa que el teléfono de Sánchez fue infectado en mayo de 2021 y que entonces se produjo al menos una filtración de datos. No dijo quién podría haber espiado al presidente español, ni si se sospecha que alguna potencia extranjera o grupo español está detrás del ciberespionaje.
“Es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas”, dijo Bolaños, añadiendo que las infecciones habían sido denunciadas ante la Audiencia Nacional.
“Cuando decimos intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial”, dijo.
Señaló que el gobierno puso en conocimiento de la justicia los dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallan los hechos: dos intrusiones en el teléfono de Sánchez en mayo de 2021 y una en el celular de la ministra de Defensa en junio de 2021. “No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas”, afirmó.
El anuncio se produjo tras la intensa presión ejercida para que el gobierno español diera explicaciones sobre la revelación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que señaló que 63 independentistas catalanes fueron presuntamente espiados a través del sistema Pegasus y de Candiru.
Además, la plataforma investiga si se espió con Pegasus a otras 150 personas, reveló el pasado fin de semana el diario digital El Confidencial. Detalló que el laboratorio inició una segunda fase del estudio sobre el caso, en cooperación con los afectados por las primeras escuchas, ya que sospechan que el espionaje podría haber llegado a otras 150 personas.
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Según el digital, la investigación apunta a que entre estos individuos sobre los que se realizan comprobaciones se encontrarían periodistas de distintos medios catalanes y nacionales, cooperadores y asesores.
La difusión de la información provocó las protestas de los presuntamente espiados y la amenaza del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, que gobierna en esa comunidad autónoma, de no apoyar la agenda legislativa del Gobierno.
Este lunes, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, aseguró en Twitter: “Todo espionaje político es de extrema gravedad. Hace días que lo denunciamos sin obtener explicaciones del gobierno español. Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Es necesario asumir responsabilidades ya”.
Aseguró que “sigue siendo urgente una investigación a fondo con una supervisión independiente y la asunción de responsabilidades”. Consideró que “el gobierno español va tarde. Por acción o por incompetencia quedan muchas preguntas por responder”.
“Sé lo que es sentirse espiado, sentir vulnerada tu intimidad y tu acción política. No lo deseo a nadie. Pero la doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo todo vale. Seguimos determinados en ir hasta el final”, señaló.
A finales de abril, el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo -figura equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos- inició una actuación de oficio ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el fin de esclarecer la utilización del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.
Gabilondo pidió información a la inteligencia española, con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones denunciadas mediante investigaciones periodísticas, “se han llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico”.
A principios de marzo, el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre el uso del software de espionaje ‘Pegasus’ por parte de gobiernos europeos.
A partir de su constitución, la comisión tendrá un plazo de doce meses para realizar sus trabajos y presentar sus recomendaciones. Cuenta con 38 eurodiputados e investiga especialmente el posible uso de este software por gobiernos europeos como el de Hungría y Polonia, para aclarar si recurrieron a esta herramienta con fines políticos contra periodistas, políticos y abogados.
El organismo de control de la protección de datos de la Unión Europea ha pedido que se prohíba el uso de Pegasus, por considerar que los Gobiernos clientes lo han utilizado para espiar a activistas por los derechos humanos, periodistas y políticos.
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CAB
