El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado el 10 de marzo de 2025 al llegar al aeropuerto internacional de Manila, en virtud de una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).
La detención responde a las acusaciones por su brutal guerra contra el narcotráfico, que dejó miles de víctimas durante su mandato. La CPI ha señalado a Duterte por crímenes contra la humanidad, específicamente por la muerte de miles de personas bajo su política de “tiro a matar” contra presuntos narcotraficantes.
El gobierno filipino confirmó la detención y el comunicado del Palacio Presidencial indicó que la Interpol Manila recibió la orden de arresto oficial de la Corte Penal Internacional. Las autoridades filipinas informaron que Duterte está actualmente bajo custodia, a la espera de los procedimientos legales que determinarán su futuro.
La “guerra contra las drogas” de Duterte, lanzada en 2016, fue un tema central durante su presidencia. Esta política, que incluyó operativos militares y policiales, fue duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional por su violencia extrema y la presunta violación de derechos humanos. A pesar de las denuncias, Duterte defendió su enfoque, alegando que era necesario para enfrentar la creciente amenaza del narcotráfico en Filipinas.
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El arresto de Duterte marca un hito significativo en los esfuerzos de la comunidad internacional por rendir cuentas a líderes acusados de crímenes graves. Mientras tanto, grupos de derechos humanos celebraron la acción de la CPI, considerándola un paso importante hacia la justicia para las víctimas de la violencia que marcó el legado de Duterte.
Este acontecimiento podría tener repercusiones políticas dentro de Filipinas, donde Duterte sigue siendo una figura influyente. Su arresto ante la Corte Penal Internacional refuerza la creciente presión internacional sobre Filipinas para que se haga justicia por los abusos cometidos durante su administración.
