Miguel “N”, Luis Joaquín “N” y Carlos Alexander “N” son responsables del delito de secuestro agravado en marzo de 2021, en la colonia Bellavista de Cuernavaca
La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento sentencia condenatoria de 50 años de prisión para Miguel “N”, Luis Joaquín “N” y Carlos Alexander “N”, por el delito de secuestro agravado en Huitzilac, Morelos.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2021, en la colonia Bellavista de Cuernavaca, en agravio de un hombre. Los secuestradores se apoderaron del vehículo en el que viajaba y exigieron por él una suma de dinero en dólares a cambio de su liberación.
Luego de la denuncia de la familia de la víctima, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) activó los protocolos de atención. Así pues, se inició con los procesos de investigación que permitieron la liberación de la víctima y, posteriormente, la identificación de los responsables. Éstos son Miguel “N”, quien dijo ser taxista; Luis Joaquín “N”, ex policía municipal; y Carlos Alexander “N”, quien dijo ser obrero, todos vecinos del municipio de Huitzilac.
Con lo anterior, se obtuvieron las órdenes de aprehensión respectivas. Éstas permitieron su captura y judicialización. Posteriormente, los vincularon a proceso y, a la postre, los acusaron del delito de secuestro agravado. De esta forma, seguirán su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Después, al valorarse el acervo probatorio aportado durante el proceso, un Tribunal de Enjuiciamiento impuso para cada uno la pena de 50 años de prisión. Además deberán pagar una multa y reparación del daño a favor de la víctima.
Los ahora sentenciados se encuentran relacionados con al menos una investigación más. Ésta por el delito de secuestro, cuyos hechos se registraron en el municipio de Huitzilac.
La Fiscalía General del Estado de Morelos refuerza las acciones de atención para el combate a la impunidad. Ello a través del trabajo desarrollado por las Fiscalías regionales y especializadas para garantizar el acceso a la procuración de justicia a las víctimas en la entidad.
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