La administración de Donald Trump sostiene que la orden se alinea con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y reducir la migración irregular
Dieciocho estados de Estados Unidos, además de la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump después de que este firmara una orden ejecutiva que pretende eliminar la ciudadanía por nacimiento.
Los fiscales generales de dichos estados califican la iniciativa como un “intento flagrantemente ilegal” de despojar de la nacionalidad a cientos de miles de niños que nacen en territorio estadounidense, con base únicamente en la ascendencia o el estatus legal de sus padres.
La querella —encabezada por procuradores de tendencia demócrata— cuestiona la legitimidad de la orden firmada por Trump apenas horas después de jurar el cargo para su segundo mandato. Argumentan que el presidente carece de autoridad para cambiar, mediante decreto, un “principio constitucional bien establecido y de larga data”, en referencia a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
En concreto, la orden ejecutiva de Trump estipula que, a partir del próximo mes, las agencias federales dejen de reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres sin estatus migratorio regular o con visas temporales, siempre y cuando uno de los progenitores no sea ciudadano ni residente permanente.
Los demandantes sostienen que con esta norma, alrededor de 150 mil niños al año podrían quedar desprotegidos y “deportables”, perdiendo además el acceso a servicios básicos como atención médica y programas de educación especial.
Los estados señalan que la medida de Trump, de implementarse, afectaría las finanzas estatales, pues parte de los fondos federales destinados a servicios infantiles se verían reducidos o eliminados. La demanda subraya que solo la Corte Suprema tiene la potestad de interpretar la 14ª Enmienda y, por lo tanto, la presidencia no podría modificar unilateralmente la llamada ciudadanía por nacimiento.
“El intento del presidente Trump de poner fin unilateralmente a la ciudadanía por nacimiento es una violación flagrante de nuestra Constitución”, declaró Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey. “Este es un acto extremo y sin precedentes. No solo es un ataque a la ley, sino a la estructura misma de esta nación”.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, añadió: “Este derecho fundamental, arraigado en la 14ª Enmienda y nacido de las cenizas de la esclavitud, es una piedra angular del compromiso de nuestra nación con la justicia”.
La demanda solicita una orden judicial preliminar que bloquee la entrada en vigor de la orden ejecutiva. Además, exige que se declare inválida y que se detengan de inmediato cualquier acción o reglamento elaborado para ejecutarla. Los firmantes advierten que “los presidentes de este país tienen amplio poder, pero no son reyes”, en alusión al acto que consideran “ilícito” y al que pretenden enfrentar con todos los recursos legales disponibles.
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Entre los estados firmantes se incluyen, entre otros, California, Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Vermont, así como la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia. Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales en Massachusetts y New Hampshire interpusieron demandas separadas, apuntando a la misma orden ejecutiva de Trump.
La decisión de la Casa Blanca aún no ha sido acompañada por un comunicado formal que explique cómo se instrumentará la directriz sobre la ciudadanía, ni si hay planes de posponer su aplicación hasta que se resuelvan las batallas legales.
Por su parte, la administración Trump sostiene que la orden se ajusta a su visión de reforzar la seguridad fronteriza y reducir la inmigración irregular. Funcionarios cercanos al presidente aseguran que la 14ª Enmienda nunca pretendió proporcionar ciudadanía a hijos de personas sin estatus legal.
En este punto, la cuestión migratoria se suma a la lista de frentes abiertos del nuevo mandato de Trump, cuyo discurso inaugural incluyó la promesa de ampliar deportaciones y limitar el acceso a beneficios de los migrantes que no posean la ciudadanía estadounidense. Los tribunales federales, nuevamente, se convertirán en escenario de un enfrentamiento crucial entre la Casa Blanca y varios estados que consideran inconstitucionales las medidas impulsadas por el mandatario.
