La Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión y en su caso, aprobación
En una maratónica sesión, que inició a las 11 de la noche del miércoles y terminó 15 minutos antes de las 7:00 horas de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
En lo particular, el dictamen fue avalado por 266 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PVEM, y PT, así como 205 sufragios en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.
En la discusión en lo particular se interpusieron e 61 reservas a 40 artículos, de los cuales solo se avaló una modificación propuesta por el diputado petistas, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña a los artículos 19, 33, 37 y 41.
Con ello quedó establecido que las sesiones de juicio de procedencia deberán ser presenciales, incluir la presunción de inocencia para el presidente de la República y que la resolución requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y de los senadores presentes.
Durante el debate, diputados de oposición buscaron evitar que los congresos locales estén obligados a acatar los desafueros que se avalen en el congreso federal, sin embargo, todas las reservas fueron desechadas.
También se intentó evitar la posibilidad de presentar una denuncia solo con “datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”, para que en su lugar se presenten “con pruebas documentales y elementos probatorios”. Además, se pidió revertir el incremento de los integrantes de la Sección Instructora de cuatro a cinco. En todos los casos, las reservas fueron desechadas.
La Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión y en su caso, aprobación.
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De acuerdo con el dictamen, se establece que se puede emprender con el juicio cuando alguno de estos actores ataque a las instituciones democráticas, viole los derechos humanos, o cometa cualquier violación a la Constitución y las leyes que de ella emanen.
En este sentido, se señala además que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, una denuncia contra una persona servidora pública.
Se plantea también que el presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones a la ley por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano y ciudadana.
En cuanto a la declaración de procedencia, se tiene como objetivo la obligación de los congresos locales a acatar del mismo modo los acuerdos que defina el Congreso federal.
La nueva legislación de juicio político, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se genera a modo de evitar la repetición de casos como el ocurrido con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García cabeza de Vaca, a quien la Cámara de Diputados federal decidió, el pasado 30 de abril de 2020, retirarle el fuero para someterlo a juicio; sin embargo, la medida no fue homologada por el Congreso local que, contrario a eso, decidió ofrecer un fuero definitivo.
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