Con 474 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma contra la extorsión, delito que genera pérdidas millonarias en México.
En un hecho inédito por la unanimidad alcanzada, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para enfrentar la extorsión, también conocida como “impuesto del crimen”, que afecta a comerciantes, autoridades municipales y ciudadanos en todo el país. El dictamen fue respaldado por 474 legisladores sin abstenciones ni votos en contra, y ahora será revisado en el Senado y en los congresos locales.
“Son estructuras criminales que han hecho un imperio delictivo a partir de la extorsión”, señaló el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo y ex subsecretario de Seguridad, quien advirtió que la ley permitirá atacar las finanzas y cadenas operativas de los grupos delictivos.
Aunque la iniciativa fue celebrada por la mayoría, la oposición cuestionó que el Presupuesto de 2026 contempla un recorte de 10 mil millones de pesos en seguridad. La diputada Annia Gómez (PAN) insistió en que la paz se construye con jueces independientes, atención a víctimas y recursos reales, no con decretos ni consignas.
El dictamen otorga al Congreso de la Unión la facultad de crear un marco nacional que unifique sanciones y medidas contra la extorsión, delito que, de acuerdo con cifras oficiales, genera pérdidas de 26 mil millones de pesos al año, equivalentes a 71 millones diarios. El diputado Leonel Godoy (Morena) recordó que el promedio diario de extorsiones pasó de 19 en 2018 a 29 en 2025, lo que representa un aumento del 58 % en seis años.
La diputada Carmen Bernal (PT) subrayó que entre enero y julio de 2025 se registraron 6 mil 880 víctimas, la cifra más alta de los últimos seis años. Su compañera Lilia Aguilar Gil advirtió que el 96 % de los casos no se denuncia, lo que evidencia desconfianza hacia las autoridades.
“En muchas partes del país también se está dando a nivel de cargos en los ayuntamientos de los estados; fundamentalmente aquellos municipios de los más pequeños, que tienen menos capacidad de resistir las presiones del crimen organizado”, reconoció Godoy.
Los testimonios abundaron en tribuna. Se mencionó que en Nicolás Romero, Estado de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación exigió pagos a un albergue bajo amenaza de matar a los animales. También se enlistaron otras organizaciones dedicadas al cobro de piso como La Familia Michoacana, la Unión Tepito y sindicatos que encubren actividades ilícitas.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló que La Familia Michoacana es el grupo que más extorsiona en México, incluso contra autoridades municipales: “al alcalde que no se subordina, lo asesinan”.
Por su parte, la diputada Ruth Silva (PVEM) definió la extorsión como una “pesadilla” que impacta a comerciantes, transportistas, campesinos, mujeres y adultos mayores. Afirmó que detrás de cada caso se encuentran miedo, despojo y violencia que paralizan a comunidades enteras.
Desde la oposición, se pidió que la legislación secundaria que derive de esta reforma sea producto de un proceso abierto e incluyente, con participación de víctimas, especialistas y sociedad civil. El panista Héctor Saúl Téllez afirmó que con la modificación al artículo 73 se podrá diseñar una ley general que unifique el tipo penal y las sanciones en todo el país, evitando la simulación que, aseguró, ha protegido a delincuentes en años recientes.
La discusión continuará en el Senado, pero en San Lázaro el consenso fue claro: la extorsión es hoy uno de los delitos más dañinos y extendidos en México, y combatirlo se ha convertido en prioridad legislativa.
