Diputados buscan avalar ley sobre suspensión de garantías

Diputados buscan avalar ley sobre suspensión de garantías
Diputados buscan avalar ley sobre suspensión de garantías

En la recta final del periodo ordinario de sesiones, las comisiones de la Cámara de Diputados buscan debatir y votar la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución que regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías en caso de amenazas excepcionales al Estado de Derecho.

De acuerdo con legisladores, el dictamen no modifica la minuta que aprobó el Senado en diciembre del año pasado, la cual establece que la restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Fija que en caso de que se decrete Estado de excepción en un lugar o en todo el país estará prohibida la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, además de las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.

Añade que la perturbación grave de la paz pública se refiere a las situaciones de violencia que alteran la estabilidad social y ponen en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o una parte de ella y que representan una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones.

Mientras que define al “grave peligro o conflicto” como las circunstancias excepcionales que generen afectaciones de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres de origen natural o antropogénico.

Asimismo, ordena que el Presidente de la República solicite al Congreso de la Unión el proyecto por el que quiere que se declare la restricción o suspensión de derechos en el que debe especificar el tiempo por el que se decretará el Estado de excepción, la delimitación geográfica, las garantías que serán suspendidas, la gravedad de los hechos y las autoridades federales responsables de la implementación de la orden.

El Congreso de la Unión tendrá 48 horas para resolver si procede o no la petición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada directa de resolver cualquier impugnación.

La diputada del PRD, Maricela Contreras, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que de no acotarse esta minuta “se generarán tentaciones de autoritarismo para el Estado”.

Estamos ante un panorama en el que los instrumentos jurídicos se han convertido en herramientas del gobierno para legitimar la violación de los derechos humanos y justificar sus abusos con apego a la ley”, opinó.

Tania Rosas
CIUDAD DE MÉXICO
Acerca de PacoZea.com 27108 Articles
Somos un equipo amplio de colaboradores y redactores capitaneados por Francisco Zea, que nos enfocamos en traer las noticias que importan, contadas como el lector quiere.

Be the first to comment

Opina

Tu email no será publicado .


*