Con casi 7 de cada 10 casos exitosos para delincuentes, diputados buscan una Ley General que unifique el combate a la extorsión en todo el país
La Cámara de Diputados dio un paso hacia la creación de una Ley General contra la extorsión, al aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen que reconoce la gravedad del problema y la falta de herramientas legales eficaces en las entidades federativas para enfrentarlo.
El documento señala que la delincuencia organizada ha perfeccionado sus métodos para ejercer este delito, logrando su cometido en 67% de los casos. Incluso, se advierte que la extorsión se utiliza para presionar a autoridades y facilitar otras actividades ilícitas. “La delincuencia organizada incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan; de esta forma emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado”, se precisa en el texto.
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La propuesta plantea que el Congreso de la Unión emita, en un plazo de seis meses tras la reforma constitucional, una legislación que tipifique el delito, sus agravantes y sanciones, además de incluir estrategias de prevención, investigación y atención a víctimas y testigos.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan la magnitud del problema: entre 2022 y 2024 se registraron más de 10 mil víctimas por año, y en enero de 2025 el promedio diario de casos fue de 29.77, un incremento del 57.62% respecto a 2018.
El dictamen también describe las modalidades más comunes: la directa, donde el delincuente realiza personalmente la amenaza; la indirecta, efectuada por teléfono, redes sociales o intermediarios; y el uso de recursos como datos personales o imágenes para intimidar. Las formas de pago exigidas incluyen dinero, bienes, servicios, favores e incluso abusos de carácter sexual.
En 2023, la extorsión fue el delito más recurrente contra unidades económicas en 18 estados, con un total estimado de 4.9 millones de casos y un costo económico nacional superior a 124 mil millones de pesos. El impacto no sólo se refleja en pérdidas patrimoniales, sino también en la integridad física, emocional y social de las víctimas.
La iniciativa reconoce que actualmente no existe una política criminal unificada y que la legislación estatal es insuficiente para combatir un delito que afecta de manera transversal a la sociedad y erosiona la paz pública.
