Durante la sesión, miembros de la Comisión pertenecientes a los partidos Morena, PT y PVEM rechazaron una propuesta de la diputada priista Laura Lorena Haro Ramírez, que tenía como objetivo prohibir los matrimonios infantiles.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica el artículo 2º de la Constitución Política, con el propósito de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, garantizando el respeto absoluto a sus derechos humanos.
La diputada contó un caso ocurrido en la montaña de Guerrero, donde una niña de 15 años escapó de su comunidad tras haber sido vendida, a los 11 años, por 150 mil pesos, lo que la ha dejado en una situación de vulnerabilidad.
La legisladora priista hizo referencia al artículo dos constitucional, en su inciso A, párrafo dos, que establece: “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”. Propuso agregar “de jóvenes, niñas, niños y adolescentes” a este texto.
Sin embargo, la propuesta de la legisladora priista recibió 16 votos en contra y 10 a favor. Al no alcanzar suficientes votos, no fue discutida para conocer las razones detrás de su rechazo.
Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), recordó que el artículo 2º, que introdujo un estatuto para los pueblos y comunidades indígenas, ha ido evolucionando. Destacó que la propuesta del Ejecutivo ha sido enriquecida con iniciativas relacionadas presentadas por diputadas y diputados, y sugirió la inclusión de una Constitución para los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna.
Mencionó que se han reorganizado en apartados y fracciones sucesivas los diversos conceptos que conforman esta amplia normatividad, la cual reconoce la existencia y preexistencia de los pueblos y comunidades indígenas, y contribuye a la formación y consolidación de la nación mexicana.
