La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma que refuerza el mando militar de la Guardia Nacional, en medio de fuertes críticas
La Cámara de Diputados avanzó en una de las reformas más controvertidas en materia de seguridad: la aprobación del dictamen que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo de la Guardia Nacional. Con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Justicia con 22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Legisladores de oposición alertaron que estas modificaciones representan un paso firme hacia la militarización de la seguridad pública. “Hoy, desgraciadamente, han decidido sentar las bases de un Estado militar. Estamos en la ruta de una dictadura perfecta”, expresó el diputado Arturo Yáñez del PRI. Margarita Zavala, del PAN, también advirtió sobre contradicciones legales, pues el nuevo rol de la Sedena contradice principios constitucionales al asumir tareas de inteligencia.
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Por su parte, Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, señaló que la reforma invade funciones que corresponden a mandos civiles, lo que genera conflictos legales. Sin embargo, el bloque oficialista defendió la medida señalando que la ciudadanía validó en las urnas este modelo de seguridad.
“Ustedes quieren la garcialunización de la seguridad, y eso ya está rebasado. No se van a salir con la suya”, respondió Ricardo Mejía Berdeja del PT, en defensa del proyecto. Según explicó el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, el objetivo es alinear las leyes secundarias con la reforma constitucional de 2024 que colocó a la GN bajo el mando militar.
Aclaró que la Guardia Nacional seguirá operando bajo la estrategia definida por un mando civil, encabezado por la presidenta de la República, y que todas las investigaciones se harán bajo supervisión del Ministerio Público. Además, sus elementos deberán contar con el Certificado Único Policial y estarán sujetos tanto a jurisdicción militar como civil, dependiendo del tipo de falta.
El dictamen también contempla modificaciones al sistema disciplinario interno, endureciendo las penas para el personal que incurra en delitos, con la inclusión de un capítulo especial en la legislación penal militar.
Uno de los puntos más debatidos fue la autorización de operaciones encubiertas y uso de identidades falsas. Emilio Suárez, del PRI, denunció que estas facultades podrían poner en riesgo los derechos civiles. En respuesta, Lilia Aguilar (PT) justificó la medida como una herramienta efectiva contra el crimen organizado: “Es que un elemento de la GN pueda hacerse pasar por un civil común y corriente, como en las películas”.
De aprobarse en el Pleno de San Lázaro, el paquete legislativo no solo consolida el mando militar de la Guardia Nacional, sino que redefine la estructura de seguridad nacional, ampliando las facultades de la Sedena en inteligencia y operación.
